Las tres empresas que prepararon el vuelo de regreso de 62 militares españoles de Afganistán a España en un Yakovlev (modelo 42D), y que se estrelló en Turquía sin dejar supervivientes, fueron ayer condenadas a indemnizar a las familias de las víctimas por un montante global de 9,5 millones de euros (1.580 millones de pesetas). El abogado de las familias, que en el juicio había pedido un total de 60 millones de euros en reparaciones, consideró "escasa" la cantidad fijada y anunció un posible recurso a la sentencia.

El juez Angel Dolado, del juzgado de primera instancia número 2 de Zaragoza, entiende que la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), y la contratista del vuelo, Chapman Freeborn, tienen "responsabilidad civil ilimitada" en el accidente, y la reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance, "responsabilidad limitada". El juez fija unas compensaciones de 110.000 euros para las viudas, 45.000 para los hijos, nada para los hermanos y unos 9.000 euros para los padres, que pueden ser 65.000, para cada progenitor, si su hijo era soltero. Lejos, en cualquier caso, de las pretensiones de los afectados.

El juez cree que hubiera sido "claramente desorbitante" y "discriminatorio", respecto a otros fallecidos en circunstancias trágicas, atender las peticiones económicas de los familiares. Para valorar el daño, el juez se fijó en la sentencia de la tragedia del cámping de Biescas (Huesca): "No pueden pagarse 180.000 euros por cada víctima de la riada y un millón por la de este accidente", señala.

La lista de errores, que lleva al juez a tildar de "ilegal" el vuelo, es larga. Así, el ingeniero de vuelo tenía caducado su certificado profesional y médico, y la caja negra del avión no tenía datos y estuvo inoperativa durante los 45 días anteriores al accidente. Asimismo, la sentencia cree probado que la tripulación llevaba 23 horas de servicio y el cansancio les impidió reaccionar.