El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, debe responder desde ayer a una nueva imputación: la de fraude fiscal. La juez de Nules que instruye el caso por presunta corrupción y delitos contra la salud pública ha admitido a trámite la denuncia de la Agencia Tributaria por el impago de 150.000 euros del impuesto sobre la renta de 1999.
Según el auto, existen indicios de "infracción criminal" y la juez decidió acumular ambos procesos. El escrito judicial es tajante. "No existe correspondencia entre el incremento patrimonial" de Fabra y "la capacidad económica declarada, siendo injustificada esa discrepancia". El político del PP tampoco declaró a Hacienda "los ingresos imputados por las actividades profesionales desarrolladas".
Con la nueva imputación se cierra el círculo judicial que se inició con la denuncia del empresario Vicent Vilar, quien declaró haber pagado fuertes sumas a Fabra por sus influencias ante dos ministerios para legalizar plaguicidas de dudosa salubridad. Pese a las graves acusaciones, el apoyo del PP es total. El presidente Francisco Camps le alabó por lograr "el pleno empleo" en Castellón.
