Colectivos de víctimas del terrorismo coincidieron ayer en que, tras la decisión de la Fiscalía de no admitir a trámite la querella interpuesta por la AVT contra el PCTV se encuentran "la voluntad y la presión del Gobierno", al tiempo que arremetieron contra la decisión del Ejecutivo de abrir la vía a una negociación con la banda terrorista ETA si esta abandona las armas.
Así lo afirmó en primer lugar el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, quien aseguró que este hecho responde a la "estrategia de chantaje" de la banda terrorista al Gobierno, que está pagando así su deuda por la negociación".
Alcaraz insistió en que la no ilegalización del PCTV es "parte del pago que tiene que dar el Gobierno a ETA para que haya una tregua o un cese puntual de las armas", aunque después.
Por otra parte, unas 2.000 personas se manifestaron ayer en San Sebastián para protestar por los procesos judiciales abiertos contra jóvenes de organizaciones de la izquierda abertzale y pedir al Gobierno que "esté a la altura de las circunstancias" en estos momentos de "aires nuevos para la resolución del conflicto". Varios jóvenes con una pancarta en euskera en la que se leía "Ante los ataques, seguimos" abrían la marcha, a la que se sumaron miembros de Batasuna, como Arnaldo Otegi.
