La retirada de la estatua de Franco en Zaragoza no parece haber impresionado a nadie más que al PP, que ayer volvió a criticar la medida por boca de su secretario general, Angel Acebes. En cambio, IU-ICV y ERC restaron trascendencia a un acto del Gobierno que intenta "tapar" las insuficiencias de un proyecto de ley de la memoria histórica que, calificada ayer de "meditada y bastante ponderada" por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, puede incluso hallar rechazos en CiU y PNV.

Como ecosocialistas y republicanos, los nacionalistas catalanes y vascos tampoco ven bien que la ley de la memoria histórica no anule los procesos sumarísimos del franquismo. Máxime cuando entre ellos está el del presidente de la Generalitat catalana Lluís Companys.

RETIRADA DE SIMBOLOS El líder de ICV, Joan Saura, y el portavoz de ERC, Joan Tard , igual que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, reiteraron ayer su malestar porque el proyecto del Gobierno no solo no anula los sumarísimos franquistas, sino que descarta pedir a los ayuntamientos la retirada de los símbolos de la dictadura. Esta recomendación, prometida por la vicepresidenta De la Vega, estaba en el articulado, pero fue retirada justo antes de que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto de ley.

Fuentes del Gobierno adujeron ayer que esa recomendación se descartó para evitar problemas legales con la autonomía municipal. Del mismo modo, el Gobierno se niega en redondo a anular los sumarísimos para no entrar en conflicto con el Tribunal Constitucional.

La negociación se prevé dura y difícil. De la Vega admitió que tendrá que "hablar y argumentar hasta que se imponga el acuerdo" con algunos grupos parlamentarios. Mientras ERC ve en la ley aspectos "preconstitucionales", IU-ICV basa su enmienda en un informe del prestigioso jurista y exfiscal general Carlos Jiménez Villarejo.