El Senado volvió ayer a poner en marcha el mecanismo para renovar a cuatro jueces del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato terminó en diciembre del 2007, y que han sido propuestos por los parlamentos autonómicos. La Cámara alta vetó a dos de los 23 candidatos: Enrique López, uno de los dos únicos aspirantes que propuso el PP, y Juan Carlos Campo, apoyado por el PSOE. Y dio el visto bueno a los otros 21, que tenían el voto de partidos distintos al conservador. Seis parlamentos auto- nómicos deben facilitar otros nombres antes del 29 de junio.

El presidente del Senado, Javier Rojo, comunicó ayer a la presidenta del alto tribunal el inicio de los trámites para renovar este tercio del TC.

EXPLICACIONES El Senado explicó por qué se opuso a la designación como jueces del alto tribunal de Enrique López, magistrado de la sala penal de la Audiencia Nacional, presentado por el PP, y de Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, por el PSOE. Los senadores entendieron que ninguno de los dos cumple con la exigencia constitucional de haber permanecido 15 años en el ejercicio profesional como juez, ya que fueron vocales del Consejo del Poder Judicial siete años.

Esta decisión causó irritación en el PP. Su portavoz en el Senado, Pío García-Escudero, anunció que la recurrirá. A pesar de ello, el Senado comunicó su decisión a los parlamentos de Madrid, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y la Rioja para que designen al sustituto de López, y al de Andalucía para que proponga una alternativa a Campo. El PP había utilizado una laguna en la ley para proponer a los dos mismos candidatos en todos los parlamentos que pudiese. Además de López, los populares quieren sentar en el TC al expresidente del Poder Judicial, Francisco José Hernando.

Mientras, María Emilia Casas ultima a marchas forzadas el borrador de la séptima ponencia del Estatut de Cataluña para intentar que se pueda empezar a debatir de inmediato. Fuentes del alto tribunal han informado de que los magistrados aún no han recibido la nueva ponencia. Por ello, descartan que el próximo 10 de junio se pueda conocer la sentencia de la Carta catalana.

Las mismas fuentes han confirmado que la presidenta del TC ha decidido someter a votación su texto artículo por artículo. Por ello, las deliberaciones se pueden prolongar durante varias jornadas, ya que algunos preceptos lograran el aval de los jueces sin dificultades, pero en otros la discusión puede alargarse, ya que solo serán aprobados si logran una mayoría simple de votos. En caso de empate, Casas usará su voto de calidad y se verá obligada a alargar las discusiones hasta que su propuesta logre alcanzar dicha mayoría en otros preceptos.