El final del caso Gürtel en Valencia aún no está escrito. El intento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de darle carpetazo en agosto ha chocado con el Tribunal Supremo, que ayer admitió a trámite los recursos de la fiscalía y del PSPV. El alto tribunal estudiará el 12 de mayo si reabre la causa contra el presidente autonómico, Francisco Camps, y otros altos cargos de la Generalitat valenciana, por un presunto delito de cohecho al aceptar trajes regalados por la empresa Orange Market, una de las más activas de la trama corrupta vinculada a Francisco Correa.

El TSJCV archivó la causa abierta contra Camps al considerar que no había relación entre los regalos, básicamente trajes, que pudo haber recibido el presidente y otros dirigentes valencianos y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market, la sociedad de Alvaro Pérez, el Bigotes. El tribunal valenciano ni siquiera entró a estudiar un contundente informe policial referido a la facturación de la citada empresa, que, en cambio, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, sí ha incluido en el sumario.

Precisamente, la precipitación del cierre de la causa por parte del tribunal valenciano es uno de los argumentos que utiliza la fiscalía en su recurso ante el Tribunal Supremo para que se reabra el caso de Camps. El ministerio público advierte en su escrito de que, el hecho de ser un sobreseimiento definitivo y no provisional, hacía imposible reabrir la causa "aun cuando aparecieran nuevos datos referidos a los hechos del procedimiento".

FACTURAS EN NEGRO Y estos datos han aparecido. En el proceso que instruye Pedreira se incluye un informe policial con facturas en negro de Orange Market por un valor total de más de 6,3 millones vinculadas a una presunta financiación ilegal del PP valenciano. Además, se atribuye a la filial del grupo de Correa el papel de intermediaria entre varias constructoras contratadas por la Administración valenciana.