El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, convocó ayer para onvocado para este viernes el pleno para investir como presidente de la Generalitat a Jordi Sànchez, en prisión preventiva, y se permitió advertir al Tribunal Supremo de que, si lo impide, el Estado estará «incumpliendo sus obligaciones internacionales». Torrent firmó ayer la convocatoria del debate de investidura, después de la ronda de consultas que llevó a cabo entre el viernes y el sábado para proponer el nombre de Sànchez, que esgrimirá un escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar al Tribunal Supremo que le permita salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid) para poder ser investido president.
El Comité de Derechos Humanos, que aún no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada por los letrados de Sànchez, pidió a España el pasado 23 de marzo, a través de un escrito firmado por dos de sus 18 miembros, que adopte «las medidas necesarias para garantizar» que pueda «ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto» Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
Ayer, Torrent envió al juez esta resolución del Comité de Derechos Humanos, además de la convocatoria del pleno para las 10.00 horas del viernes, la propuesta de candidato a la investidura y una carta en la que insta al Estado a «tomar todas las medidas necesarias» para garantizar los ««derechos políticos»» de Sànchez.
En la carta, Torrent señalaba que «la concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación de resultado a todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez pueda someterse al debate de investidura».
En el caso de que el Tribunal Supremo «no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez, y el Estado español estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales», añade.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, rechazó los argumentos esgrimidos por el presidente del Parlamento catalán sobre la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque «no dicta sentencias, ni medidas cautelares»: «Dejen de mentir y vuelvan al seny, si es que pueden», apostilló desde Twitter.
El PDECat, en cambio, ve la candidatura de Sànchez como una forma de «poner en evidencia» al juez Llarena y avaló la delegación de voto de Puigdemont y Antoni Comín en una eventual investidura.
LA FIGURA DE COMÍN / La portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó que su partido «trabaja para blindar» la delegación de voto de Puigdemont y Comín a fin de aprobar una investidura efectiva y pidió a Llarena que «deje de hacer el ridículo y libere a los presos políticos».
Desde Bélgica, el exconseller Comín dijo que su renuncia al escaño no resolvería por si sola la investidura: «A los que estamos haciendo sacrificios tan grandes no se nos tienen que proponer sacrificios mayores a no ser que sea absolutamente imprescindible».
El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, tachó de «pérdida de tiempo» la candidatura de Sànchez, al verlo «no apto» para desarrollar «con plenitud» ese cargo, motivo por el que también rechazó un posible nuevo intento de investir a Carles Puigdemont.
La portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, descartó de nuevo una abstención de su grupo en investidura de Sànchez y reclamó a los independentistas «renunciar a la unilateralidad» para explorar un pacto entre «las fuerzas catalanistas».
El diputado de la CUP Carles Riera afirmó que su formación votaría favorablemente una investidura de Puigdemont aunque no presentase un programa de gobierno republicano.
