Los presupuestos de la Junta de Extremadura para el 2018 elevarán la partida destinada al pago de tributos hasta los 7,6 millones de euros, 5,2 millones más que en el presente ejercicio, y el dinero tendrá carácter vinculante para que el se destine al fin inicialmente previsto.

Así lo adelantó el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, en una comisión parlamentaria, en contestación a una pregunta del PP sobre el protocolo fijado para que la Administración regional pague la deuda que mantiene con los ayuntamientos extremeños. El protocolo se firmará próximamente con las dos diputaciones provinciales, ya que la deuda, que asciende a 16,8 millones, fundamentalmente por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), afecta a municipios que tienen delegado el cobro en los organismos provinciales de recaudación (OAR).

El acuerdo alcanzado recoge que el pago de los 16,8 millones - 12,5 con ayuntamientos de Badajoz- se efectuara en cinco ejercicios, entre 2017 y 2021, a razón de un 20% anual, ha detallado Novas. Edificios sanitarios y viviendas sociales suman el 95 % de los recibos pendientes de pago.

Novas ha asegurado que se encuentran con muchos problemas para pagar por omisiones e inexactitudes en los recibos, inmuebles que no son propiedad de la Junta de Extremadura y otros que tienen cedidos y no les corresponde a ellos el pago, entre otras circunstancias.

Por su parte, el PP instó ayer al gobierno de la Junta que abone el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y los intereses de demora a los municipios extremeños como hizo el presidente Monago en la anterior legislatura. El portavoz de Hacienda del GPP, Luis Alfonso Hernández Carrón, afirmó que Vara «intentó de todas las maneras posibles eludir el pago a los ayuntamientos, batalla que ha perdido, pero sigue tacañeando a los extremeños lo que les corresponde». «Es inaceptable exigir a los extremeños en tiempo y forma cuando no lo hace la administración», lamentó.