Extremadura registra 24.435 beneficiarios de la ley de dependencia a 31 de diciembre de 2016, lo que supone 2.193 personas más, y la lista de espera se ha reducido en 1.345 hasta afectar a 10.699 ciudadanos.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, acompañado de la directora gerente del Sepad, Consolación Serrano, ha ofrecido hoy un balance sobre la situación de la ley de dependencia.
El número de solicitudes para acceder al sistema asciende a 52.992, 1.601 más que al término de 2015.
Las personas valoradas son 46.966, 196 más que el año anterior, y las que están pendientes de ello son 6.026, lo que supone 1.405 más.
De las 10.699 personas en lista de espera sin atender, la mayoría son dependientes moderados, de grado uno, que se incorporaron "de golpe" en mayo de 2015, con cuatro años de retrasado de lo que marcaba la ley, porque el Gobierno de Mariano Rajoy cambió el calendario de aplicación con el Real Decreto 20/2012, ha advertido el consejero.
Aunque la ley establece un reparto al 50 %, Extremadura asume un gasto del 87,6 %, 250 millones de euros, mientras que el Estado aporta el 12,4 (25 millones), una de las cuestiones que se va a abordar hoy en la Conferencia de Presidentes de Madrid.
Vergeles ha señalado que tras un análisis de la situación se llegó a la conclusión de que había que incorporar a 8.269 personas y se puso en marcha un plan de choque para reducir la lista de espera, en la que tienen prioridad los dependientes moderados y los más antiguos, con la incorporación de 14 valoradores más en 2016.
De esas 8.269, a fecha de enero de 2015 entraron en el sistema 3.128, 507 se incorporarán directamente cuando comience a aplicarse el presupuesto de 2017, 641 están en proceso de regularización de su situación y con 3.993 se está negociando el plan individualizado de atención.
El consejero ha asegurado que se ha reducido el tiempo desde que se adquiere el derecho hasta que se materializa la atención, que no ha concretado y que era de un año cuando llegaron al gobierno, ha apuntado.
En este aspecto "hay mucho recorrido todavía por hacer", ha reconocido, por eso quieren que la valoración se incorpore como en otras comunidades autónomas a los servicios de atención social básica, lo que permitiría hacerlo en el mismo acto.
Además, pretenden que la personas valoradas por los Cadex de su grado de discapacidad, salgan al mismo tiempo evaluadas del grado de dependencia que puedan tener.
El consejero, que ha huido de "triunfalismos", ha indicado que además de ese "cuellos de botella" que afectan a los tiempos está el de la financiación.
Aunque la ley establece un reparto al 50 %, Extremadura asume un gasto del 87,6 %, 250 millones de euros, mientras que el Estado aporta el 12,4 (25 millones), una de las cuestiones que se va a abordar hoy en la Conferencia de Presidentes de Madrid.
El tercer "cuello de botella" es disponer de servicios donde atender a estas personas.
A su juicio, hay que regular la ayuda a domicilio, con un pacto con los ayuntamientos de la región, e invertir en centros de día o en residencia de mayores que se han quedado sin terminar.
