El 75% de los beneficiarios de la ley de dependencia tienen asignado un servicio como prestación, frente a solo un 25% que reciben ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar. La concesión de las primeras ha crecido algo más de tres puntos en el último año, el mismo porcentaje en el que se han reducido las segundas, lo que implica que la región está apostando cada vez más por servicios profesionales y especializados para prestar atención a las personas dependientes. Y es precisamente lo que persigue el espíritu de la ley. Promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, estancias en centros de día o de noche y plazas en residencias son algunos de los servicios que la región tiene a disposición de estas personas.
Según los últimos datos publicados por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 24.724 extremeños están recibiendo en estos momentos prestaciones vinculadas a la ley de dependencia. De ellos, 6.849 reciben una cuantía económica para cuidados a cargo de algún familiar (el 25,1% del total, frente al 28,4% de hace un año) y los 20.374 restantes, un servicio o una prestación económica vinculada al mismo (suponen el 74,8% del total, frente al 71,6% del año pasado). Esta última opción, la de la prestación ligada al servicio, es la opción mayoritaria en Extremadura con un total de 10.628 beneficiarios.
Este modelo de gestión consiste en facilitar al usuario una prestación económica que le ayuda a sufragar los costes de una plaza en una residencia, centros de día, etcétera, que él mismo busca por su cuenta. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sostienen que las comunidades como Extremadura, que optan por la prestación económica vinculada al servicio, obtienen mejores ratios de cobertura, de creación de empleo y de generación de retornos. De hecho, según datos del propio colectivo, durante el 2016 se han creado en la región mil puestos de trabajo directos en el Sistema de Atención a la Dependencia y la generación de empleo por millón de gasto público (44) es la segunda más alta del país, a lo que hay que sumar unos retornos (Seguridad Social, IRPF, IVA...) de 63,3 millones de euros.
«CHEQUE-SERVICIO» / A pesar de todo, al priorizar las prestaciones económicas vinculadas al servicio también pueden caerse en importantes riesgos. El primero, «el peligro del cheque-servicio», que obliga a los usuarios a asumir, además del descuento por copago, el sobrecoste de la prestación contratada si no se intervienen los precios por parte de la Administración. Una circunstancia que afecta especialmente a las rentas bajas y los grandes dependientes que requieran cuidados de intensidad y, por tanto, más caros.
Para evitarlo, desde la asociación abogan por establecer una serie de limitaciones: que el usuario pueda decidir su centro libremente con prescripción de la Administración (supondría, en la práctica, regular mecanismos que eviten que las empresas puedan rechazar a los dependientes que previsiblemente vayan a generarles un mayor coste) y que se controlen los precios de los servicios a las personas dependientes dentro de unos márgenes asumibles por las empresas.
En cualquier caso, cabe destacar que en el último año la ley de dependencia sigue avanzando en Extremadura, aunque lo haga a cuentagotas. Según datos del SAAD, desde mayo del 2016 se han incorporado al sistema 1.922 nuevos beneficarios, pero aún hay más de 10.000 que siguen en lista de espera para recibir sus ayudas. En el último ejercicio la Junta ha recibido 1.121 nuevas solicitudes, con lo que la región registra un total de 53.530 desde que se pusiera en marcha la ley en el año 2006. De estas, en la actualidad se han resuelto 47.188 que han dado como resultado 35.043 personas beneficiarias con derecho a prestación, pero solo las 24.724 citadas anteriormente las están recibiendo. La lista de espera, por tanto, se mantiene en 10.319 personas a las que hay que sumar otras 6.342 cuyos expedientes aún no han sido valorados.
