«Papá, ¿te van a echar del trabajo?», le preguntó la otra mañana el hijo de Víctor a las puertas del colegio tras escuchar los comentarios. Acababa de conocerse un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ya en 2016 obligó a la Consejería de Educación a repetir una oposición de profesor, de la especialidad Organización y Procesos del Mantenimiento de Vehículos, celebrada en 2010. Se presentaron 23 personas para las tres plazas en juego que lograron Víctor León, Heliodoro López y Francisco Lérida, los tres, ingenieros técnicos industriales. Tras un año en prácticas, en el curso 2011-2012 fueron nombrados funcionarios de carrera en tres institutos de la región. Sin embargo, siete años después, están a punto de perder sus plazas.

El conflicto se originó tras el examen. Uno de los 23 aspirantes que se quedó a las puertas denunció irregularidades en el tribunal de aquella oposición y la justicia le acabó dando la razón. El TSJEx determinó que la presidenta del tribunal tenía una «enemistad manifiesta» con el demandante, al que bajó la puntuación de su ejercicio y le impidió tener plaza. Además, la responsable del tribunal destruyó todos los exámenes.

ACUERDO / Ante estos hechos, por la vía penal un juzgado de Cáceres condenó a la presidenta a dos años de cárcel y otros 12 de inhabilitación y el TSJEx, y luego el Supremo, (en vía administrativa) invalidó el examen de 2010, ordenando su repetición y anulando las notas de los tres docentes con plaza. Tras varios recursos, el pasado 2 de noviembre, el TSJEx emitió un auto apremiando a la Junta a alcanzar una solución con los principales afectados antes de ejecutar el fallo. Sin embargo, pese a que el alto tribunal lo permite y es lo que reclaman los tres docentes que sacaron plaza junto al demandante -que también se convertiría en funcionario tras la sentencia-, la Junta rechaza el acuerdo.

La solución pasa por que Víctor, Heliodoro y Francisco mantengan sus nombramientos de funcionario de carrera, se habilite otra plaza para el demandante al que la justicia le dio la razón y el examen se repita para el resto de aspirantes que concurrieron a aquella oposición. Así se expone en un documento, que se ha modificado en varias ocasiones a instancias de la Junta y que «no perjudica a nadie». Está en manos de la Consejería de Educación pero el pasado martes recibieron la llamada de una directora general asegurando que no se firmaría. «Nos dicen que la Abogacía de la Junta no puede hacerlo porque no supone ejecutar literalmente la sentencia, sin embargo, se olvidan de que el TSJEx, que está por encima, permite que haya un acuerdo pactado», señalan los afectados.

Desde el sindicato PIDE, al que los tres afectados están afiliados, han solicitado varias veces una reunión urgente con el presidente de la Junta, sin éxito. «Si esto no se subsana, se crea un grave precedente que implicará la inseguridad jurídica de todos los procedimientos selectivos y el abandono de los empleados públicos», advierte el sindicato.

Y así se sienten Víctor, Heliodoro y Francisco: «totalmente abandonados» y «desamparados» por la Administración a pesar de que la propia justicia reconoce que ellos son «aprobados de buena fe» y que sobre sus exámenes no hay dudas. Por eso, recuerdan que en otros procesos selectivos la Junta ha salido en defensa de sus trabajadores (recuerdan la polémica oposición de la exconsejera María Jesús Mejuto o la de Atención Continuada) y ahora no. «No tiene sentido. Nos hemos ganado por oposición nuestra plaza y vamos a pagar un error de la Administración que fue quien designó a la presidenta del tribunal, cuyos hechos han desencadenado toda esta situación», apuntan. Ellos se sienten víctimas de la presidenta condenada porque también destruyó sus exámenes, «si no los hubiera roto podríamos haber abierto otras vías, recalificarlos con otro tribunal....», pero también de la propia Junta, que «encadenó una serie de errores porque nadie pidió cuentas por lo que esta mujer estaba haciendo y por los daños causados. Ahora, los que no tenemos ninguna culpa somos los que vamos a pagar», lamentan.

ÚLTIMO DÍA / Mañana viernes termina el plazo para presentar recursos de reposición ante el último auto del TSJEx. Si la consejería sigue renunciando al acuerdo, con toda probabilidad serán arrebatados de su condición de funcionarios de carrera y pasarán a engrosar las listas del paro, a pesar de llevar años estudiando, haberse presentado a varias oposiciones y conseguir plaza en 2010.«Hemos organizado nuestras vidas en base a nuestro trabajos, hecho inversiones, proyectos, tenemos familia». «¿Qué le respondo a mi hijo?», dice Víctor.

No obstante, advierten de que si les quitan sus plazas reclamarán daños ante la justicia «y acabarán pagándonos por responsabilidad patrimonial con el dinero de los extremeños porque no han querido una solución política».

Desde Educación, señalaron ayer a este diario que «se ha acordado, como medida provisional para impedir perjuicios de imposible o difícil reparación así como para garantizar el servicio educativo, el mantenimiento de los nombramientos de los tres funcionarios, hasta tanto finalice la repetición del nuevo proceso selectivo».