Argentina no investigará la tortura que Silvia Carretero sufrió en Badajoz en la última etapa del franquismo ni la ejecución de su marido José Luis Sánchez-Bravo. Lo denunció hace unos días en Buenos Aires pero la magistrada no ha admitido su denuncia ni la de decenas de víctimas y organismos presentada el 14 de abril, que pasaron a englobarse en una única querella en los tribunales del país suramericano, bajo el principio de jurisdicción universal, contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

La magistrada se apoya en el dictamen del fiscal Federico Delgado y rechaza la demanda por la "imposibilidad" de iniciar un proceso que en España llevan a cabo numerosos tribunales. Pero esto no parece estar tan claro. Los abogados demandantes, que conocieron el viernes la decisión de la jueza, apelarán la próxima semana ante la Cámara Federal de Apelaciones, según explicó el letrado que acompañó a Carretero a los tribunales, Ricardo Huñis. Hace unos días se mostraba confiado en la decisión de la magistrada pero aún queda apelar por una argumentación que consideran "errónea". "No es cierto que se investigue el franquismo en España. Los tribunales cerraron las puertas y cuando Baltasar Garzón quiso investigar los crímenes, lo acusaron de prevaricación", dijo Adolfo Pérez Esquivel, uno de los promotores de la querella.

Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en Badajoz por su militancia en la sección universitaria de la organización FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Su marido, Luis Sánchez Bravo, también de 21 años y miembro del FRAP, fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, no en la prisión provincial de Badajoz, como se había informado, sino en Hoyos de Manzanares (Madrid). Fue condenado a muerte en el último Consejo de Guerra de la dictadura por el asesinato del teniente Antonio Pose.

Carretero se había decidido a denunciar ahora una situación ocurrida hace 35 años "precisamente por lo que ha pasado con Garzón: hasta aquí hemos llegado". En la querella que ahora Argentina esquiva se encuentran, entre otros casos, la demanda interpuesta por Inés García Holgado, sobrina-nieta de un funcionario de Correos en Hervás, Luis García Holgado, y de un alcalde salmantino, Elías García Holgado, asesinados en 1937 en Baños de Montemayor tras haber sido detenidos en Valladolid y Salamanca y encarcelados en la localidad cacereña. "Es absurdo que no se haga justicia. El franquismo va a tener que juzgarse, no se puede negar, aunque haya muchos intereses creados", dijo Darío Rivas Cando, de 91 años, hijo de un fusilado en 1936. El e Inés García lideraron la querella presentada ante los tribunales por genocidio, a la que se sumaron 17 víctimas gallegas.