Dos años. Ese es el tiempo máximo de que dispondrá la administración regional para arbitrar un reglamento que dé contenido a la nueva Ley de Accesibilidad de Extremadura, la cual se debatirá hoy en el Parlamento extremeño. No se espera oposición por parte de ninguno de los grupos políticos que componen el arco parlamentario, pues se acude con el aval del Consejo Asesor de Vivienda y del CERMI, máximo órgano regional de representación de las personas con discapacidad y sus familias, lo que indica que será aprobada por unanimidad.
La ley que estaba en vigor hasta ahora, y que databa de 1997, se había quedado obsoleta, sobre todo desde la promulgación en 2003 de una nueva normativa estatal de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. De esta manera, si hasta este momento se consideraban tres niveles de accesibilidad (convertible, practicable y adaptado), a partir de ahora sólo habrá un único nivel: accesible. Como dice Jesús Gumiel, presidente de CERMI, "se deja atrás el concepto de eliminación de barreras arquitectónicas y se apuesta por la accesibilidad universal desde el origen o proyecto, no como adaptación o eliminación de un obstáculo previamente creado".
Según Víctor del Moral, consejero de Fomento, la nueva ley supone un cambio de filosofía radical "porque la accesibilidad pasa a considerarse como un derecho de todos y no como una serie de medidas de discriminación positiva para las personas discapacitadas".
La nueva ley va a obligar a que todo lo nuevo tenga que ser accesible desde el proyecto inicial y sólo excepcionalmente en los espacios públicos y edificios existentes en los que las condiciones hagan técnicamente imposible o irrazonablemente costosa la intervención, se admitirá la posibilidad de realizar soluciones alternativas. Lo que viene a señalar es que no existen dos tipos de personas, discapacitados y no discapacitados, sino personas que requieren de espacios y usos totalmente accesibles. No en vano, todo el mundo puede ser víctimas en un momento u otro de una deficiente accesibilidad cuando, por ejemplo, se rompe una pierna y debe usar muletas o silla de ruedas o simplemente cuando se hace uso de un carrito de bebé.
Además, la nueva normativa va a obligar a que los planes de autoprotección y de emergencia y evacuación de edificios, establecimientos e instalaciones de uso o concurrencia pública tengan que adecuarse a las necesidades de las personas con movilidad reducida o cualquier limitación; se incluyen de manera expresa los espacios públicos naturales, tales como parques y reservas naturales, playas fluviales, etc, respecto a los cuales se establecen unas condiciones de accesibilidad mínimas; se amplía el alcance de la reserva de vivienda a otros tipos de discapacidades no solo a la movilidad reducida; y por último se incluye la exigencia de mantenimiento y conservación de las condiciones de accesibilidad de todos los edificios y espacios de uso público.
"Antes se inauguraba un edificio de uso público, se ponía una plataforma elevadora para sillas de ruedas porque no se habían previsto rampas desde el origen y si se estropeaba nunca más se reparaba. Eso se acabó, la ley exige su reparación inmediata y su mantenimiento", señala Jesús Gumiel.
Además, la nueva Ley de Accesibilidad va a atender las necesidades de discapacidades también psíquicas y sensoriales, como por ejemplo personas con visibilidad reducida que requieren de determinadas atenciones y, de igual modo, va a incluir ámbitos nuevos como son la comunicación, la sociedad de la información y los medios de comunicación social.
