Las comunidades autónomas que no convoquen este año plazas de profesorado no universitario podrán acumularlas a las oposiciones de 2018, según prevé un real decreto ley que el Gobierno aprobará el próximo 31 de marzo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha comentado que hay comunidades que convocarán plazas este año y otras que han decidido no hacerlo; están "en su derecho" y podrán "recuperarlas" el año siguiente.

Ha respondido así al ser preguntado por las consejerías autonómicas que se han quejado de que ese decreto llega "tarde".

Esa norma permitirá a las autonomías sacar plazas docentes sin tener que esperar a que las Cortes aprueben la ley de presupuestos del Estado de 2017.

Las comunidades no podían hacerlo porque depende de la tasa de reposición anual de bajas de funcionarios, que se fija en las cuentas del Estado de cada ejercicio.

La mayoría había renunciado a convocar oposiciones por falta de tiempo, ya que las pruebas deben celebrarse antes del verano para que los docentes pudieran incorporarse el curso próximo.

El ministro y portavoz del Gobierno se ha referido a las circunstancias electorales y políticas que han impedido que aún no estén aprobados los presupuestos y al "coste del no gobierno".

En esta situación, el Gobierno, el Ministerio de Educación y, en particular, el de Hacienda han "mostrado sensibilidad" con este caso, para que diera tiempo a convocar las pruebas, que suelen realizarse en el mes de julio, ha argumentado.

Se trata de un "esfuerzo", de "pensar en la gente" para dar una "salida" a los opositores y que se ha hecho "en cuanto" se ha podido, ha asegurado Méndez de Vigo.

Ha justificado que sea un decreto solo para educación ("y algunas academias"), no para todos los sectores públicos, por "algunas características especiales" de la enseñanza, pues las oposiciones van vinculadas al comienzo del curso escolar.

Además, porque hay "demasiados" interinos en la educación, que el Gobierno quiere "remediar" para reducirlos del 20 al 8 % en tres años, ha asegura Méndez de Vigo.