Los chascos me los llevo porque yo siempre pienso que se puede. Pero es que tienes que creértelo, porque si no confías tú, ellos mucho menos», manifiesta Víctor Martínez. Este pacense ha trabajado durante seis años (lo dejó en 2016) como educador social con menores que han cometido un delito y ha sido condenados a trasladarse a los llamados pisos de convivencia. Son hogares donde adolescentes de, sobre todo, 15 y 16 años, intentan aprender el concepto de reinserción para aplicarlo a su vida. «Nos hemos encontrado de todo, quienes creen que simplemente han tenido mala suerte y por eso los han pillado o quienes sienten una profunda vergüenza cuando son conscientes de lo que han hecho», asegura Martínez.
Extremadura tiene actualmente a 738 menores bajo medidas judiciales, las cuales se cumplen a través de diversos recursos en función de su gravedad. El más severo es el centro Vicente Marcelo Nessi, lo más parecido a una cárcel para quienes aún no han cumplido los 18 años (hay 24 internos). Está situado en Badajoz, junto a Los Colorines, el barrio más conflictivo de la ciudad adonde no llegan ni los taxis, ni los autobuses ni el servicio de Correos. Su ubicación dificulta la función que se le presupone a este edificio: una terapia para lograr la reinserción social.
Existen igualmente los citados pisos de convivencia. Se trata de la medida más estricta de las llamadas en medio abierto, es decir, no hay internamiento continuo ni aislamiento (los chicos, por ejemplo, pueden ir al instituto por las mañanas). En la región hay 22 conviviendo actualmente en estos inmuebles donde trabajan, entre otros, psicólogos y educadores sociales.
Y dentro del citado medio abierto, funcionan otros dispositivos más flexibles que se aplican a quienes han cometido delitos menos graves. Es el caso del tratamiento ambulatorio, la asistencia a un centro de día, la obligación de permanencia en el domicilio durante el fin de semana, la libertad vigilada, la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima (en casos de acoso escolar o violencia machista, por ejemplo) o la realización de tareas socioeducativas. 494 menores de la provincia de Badajoz y 198 de la cacereña cumplen ahora mismo alguna de estas órdenes según los datos que ofrecen desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
ROMPER MITOS / Víctor Martínez describe un patrón de conducta común: «Hay una falta de asumir responsabilidades por parte de los adolescentes hoy día. Vivimos en una sociedad demasiado sobreprotectora y los chicos no están acostumbrados a hacer ningún esfuerzo para conseguir algo. Si resulta que empiezan a tontear con la droga, sienten cierto enganche y una discusión con los padres provoca que éstos le corten el sustento económico, entonces se crea el conflicto. No tienen dinero para comprar lo que quieren, de manera que reaccionan siendo agresivos con los progenitores».
Y añade para romper «ciertas ideas preconcebidas»: «Es cierto que muchos de los menores con los que trabajamos vienen de familias desestructuradas o de entornos complejos, pero también ha ido creciendo el número de ellos procedentes de una familia de clase media-alta».
Según su propia experiencia como educador social, los delitos más comunes entre chicos de 15, 16 y 17 años son la violencia física hacia los padres, el consumo de drogas y los robos para poder comprarlas.
Martínez asegura que en un piso de convivencia «se ve de todo». Gente que sale adelante con mucha voluntad, reacciones iracundas que dejan una huella imborrable en quienes trabajan en este campo y menores que han tenido que ser trasladados al centro Marcelo Nessi cómo única opción posible.
En cuanto a las terapias que se llevan a cabo, destaca la importancia de potenciar que ellos «sientan que son necesarios en la sociedad». En busca de este objetivo, hacen voluntariados en asociaciones como SOS Perrera o el Banco de Alimentos. «También se realizan excursiones culturales con la intención de motivarlos».
Si ponen de su parte, ganan puntos de libertad. «Hay que estar muy encima para que no consuman», afirma Martínez. E insiste, igualmente, en dejar a un lado la idea de que son culpables y poner el foco en la capacidad que tienen para ser responsables (si llega la mayoría de edad y aún no han acabado la condena, éste se sigue cumpliendo en base a la ley del menor).
¿ÉXITO? / Quienes conocen de cerca esta realidad tienen claro que el éxito no se puede medir en porcentajes de reinserción y que cualquier paso que se da es un logro. No obstante, tienen claro que invertir en recursos significa mejores resultados.
«Si se consigue que un chaval salga adelante y logre estabilidad, te reafirmas en tu idea de que tienes que seguir confiando en que se puede, porque es la única manera de luchar».
Pero incluso cuando el resultado es positivo, muchas veces hay que enfrentarse a otro muro: la vergüenza. «Cuando arrancan de nuevo su vida fuera de las medidas judiciales son conscientes del estigma social que han de arrastrar. La sociedad tampoco ayuda. Menos aún si hablamos de conseguir o conservar un empleo. Por eso la mayoría prefiere ocultar lo que ocurrió y dejar el pasado a un lado».
