La Delegación del Gobierno en Extremadura aseguró ayer que la actuación policial en el caso de la ONG Addiex estuvo sujeta a la normativa vigente y fue permanentemente supervisada por la autoridad judicial. La Delegación respondía así a Angel Luis González, máximo responsable de esta organización, quien anunció el miércoles que iniciará acciones legales contra una supuesta "red de funcionarios policiales corruptos" en Extremadura.
En este sentido, la delegación sostiene que la actuación judicial se ha adecuado a la normativa vigente y que todos los pasos dados han quedado reflejados documentalmente. Los Grupos de Extranjería de Mérida y Badajoz "pusieron de manifiesto que una serie de personas, amparándose en una ONG, presuntamente se lucraron" a costa de inmigrantes en situación irregular en la región.
Asegura, además, que la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno ha colaborado "al máximo y en todo momento" con el Cuerpo Nacional de Policía en la investigación, e, "incluso", recalca que los primeros datos para iniciarla fueron aportados por esos funcionarios.
El comunicado concluye que cualquier ciudadano, es libre de ejercer las actuaciones judiciales que crea conveniente con el fin de preservar su derecho al honor y a su propia imagen.
