El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dio ayer todo su apoyo a los cargos de la Consejería de Educación imputados por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, y que están a la espera de juicio.
La vista oral, que habrá de celebrarse en el Juzgado de lo Penal de Mérida y está pendiente de fecha, no tendrá lugar, en ningún caso, antes del mes de abril, "pues el juzgado está muy saturado y ya se están realizando señalamientos para finales de marzo", indicaron a EL PERIODICO fuentes del propio juzgado.
Ante este caso, Ibarra dejó claro que los tres imputados --Diego Mostazo, director general de Personal Docente; Emilia Guijarro, directora provincial en Cáceres; y Fernando García, jefe de servicio-- tienen todo su "respaldo y el del Consejo de Gobierno", al estar plenamente convencido de que "han actuado limpiamente".
Como ya adelantó ayer este diario, los responsables de Educación han sido imputados por el juez tras la querella presentada por una profesora de Cáceres que perdió una plaza, algo sobre lo que el presidente eludió pronunciarse "porque se trata de cuestiones administrativas y burocrática, no políticas". La Junta "simplemente defiende a las personas que considera son merecedoras de confianza", y en este caso, dijo, la actuación y la decisión que tomaron en su momento los responsables de Educación, y que fue recurrida ante la justicia, "fue exquisita".
Así lo aprecia también la defensa e, incluso, el fiscal. Este llegó a pedir el archivo de la causa, por no haber observado en ninguna de las actuaciones de los acusados conductas delictivas, "ninguna circunstancia susceptible de reproche penal".
