El debate sobre la Ley del Menor avivado tras la violación de dos niñas en Huelva y Córdoba supuestamente cometidas por adolescentes, alguno de ellos menores de 14 años, y por lo tanto no imputables, ha reabierto una brecha entre juristas y políticos sobre la necesidad de reformar la norma vigente.

--¿Es partidario de rebajar la edad penal de los menores?

--Se puede rebajar de los 14 años como está establecida en la Ley del Menor a los 13, pero si hacemos eso mañana cuando ocurra algún hecho similar con chicos de 12 años volverá la discusión sobre una nueva rebaja y así sucesivamente hasta la edad de la lactancia. No se trata de reaccionar a comportamientos antisociales e incluso delictivos de menores de esas edades en términos de derecho penal. Hay que descartarlo por completo.

--¿Cuál es la solución?

--Es necesario incidir en términos puramente educativos de 0 a 18 años, que es lo que establecen los convenios internacionales que dura la infancia y la juventud. Y a partir de los 18 años empezamos a hablar de código penal. La solución es educación, educación y educación para corregir los problemas que realmente tenemos con nuestros menores y jóvenes, y es que no estamos sabiendo enseñarles a controlar sus impulsos, razón por la cual estamos asistiendo a un narcisismo galopante por parte de los jóvenes que hace que al exacerbarse incluso en la adolescencia produzcan comportamientos no deseables, que en términos de educación pueden ser atajados. Solo en este sentido pueden ser interpretados hechos que son absolutamente excepcionales.

--La ley actual va en ese sentido de reeducación...

--Claro que sí. De lo que se trata es decir: a partir de los 18 años, código penal, por debajo, educación, que es lo que contemplaba y contempla la ley. Mientras que a partir de los 14 años la medida educativa la impone un juez de menores, por debajo de esa edad sería patético sentar a un niño de 13 años delante de un juez aunque no vaya con toga. El fiscal de menores tiene unas facultades enormes para a través de la instituciones que tienen encomendadas Infancia y Familia, que son la comunidades autónomas, sugerir la intervención necesaria.

--¿La coincidencia de estos últimos casos favorece la alarma social?

--Siempre ocurre igual. Todo lo que se ha cuestionado referente a la edad del menor siempre ha estado suscitado por algún hecho que ha provocado una grave conmoción: el caso de Marta, cuyo agresor rondaba la minoría, el asesinato de la catana, las niñas de San Fernando.... Siempre se habla de reformas sobre un tema tan delicado como este en momentos de profunda conmoción, que es el momento menos oportuno para diseccionar cómo se debe actuar ante estos problemas.

--¿Existe entonces una responsabilidad compartida entre el menor y la sociedad?

--Evidentemente, estamos hablando por parte de la sociedad, que su miedo ante la inseguridad de los padres está obligando a adoptar unas medidas defensivas que no permiten discernir entre el comportamiento de un adulto y un menor. Está demostrado que cuanto más delicados sean los problemas, con más frialdad debe reaccionarse. Lo que se está intentando hacer es matar moscas a cañonazos. El medio punitivo no es ni el único ni el mejor medio de reaccionar.

--Están apareciendo conductas de violencia de género cada vez a edades más tempranas?

--Los incrementos tienen que medirse en un periodo de tiempo más largo del que habitualmente se miden y por mucho que se incremente la participación en hechos delictivos por parte de menores y jóvenes, la proporción que se incremente es infinitamente inferior a la proporción en que se incrementan los mismos comportamientos llevados a cabo por adultos. Esto es necesario explicarlo para frenar la idea de que se están produciendo unos incrementos de los comportamientos delictivos de menores y la gravedad de los mismos que no responde a la realidad.

--¿La ley actual es suficiente?

--La norma que se publicó en el 2001 la promulgó el Partido Popular --que ahora propone su reforma-- y tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas. Era una magnífica ley educativa, pero a partir de determinados hechos que provocaron una gran conmoción, hechos absolutamente aislados, no se ha hecho más que pegarles recortes a una norma que era claramente educativa y se ha ido convirtiendo en una ley puramente punitiva, hasta el punto que el internamiento en régimen cerrado, que es la medida más incisiva que contempla la ley, se ha convertido en una pena privativa de libertad para el menor.