Demasiado viejos para servir a la patria. Cerca de 2.000 soldados adscritos a la base de Badajoz tendrán que dejar el Ejército en los próximos años tras cumplir los 45 y no haber conseguido una plaza fija. La actual Ley de Tropa y Marinería, que data del 2006, establece que una vez alcanzada esa edad deben abandonar las Fuerzas Armadas si no han hecho carrera militar, algo que según datos de la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) solo han conseguido el 5% de los efectivos integrados en las escalas más bajas.
Una vez fuera, estos soldados tendrán derecho a dos años de desempleo y una prestación de 7.200 euros anuales (600 al mes) que podrán seguir cobrando hasta la edad de jubilación. «Sí, es algo que se sabía desde hace tiempo pero la ley también recoge que a estos militares se les tiene que capacitar y facilitarles una inserción laboral y esa parte del contrato no se ha cumplido», afirma Jorge Bravo, secretario general de Aume. Este recuerda que la mayoría de los afectados son «padres de familia» con muy pocas posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral.
El colectivo celebró ayer por la tarde una asamblea informativa en la plaza Alta de Badajoz, la primera de sus acciones después de que el Congreso de los Diputados haya creado una subcomisión para estudiar esta problemática y aportar soluciones. El pasado mes de noviembre la asociación ya convocó una protesta en Madrid a la que asistieron, entre otros, dos exmilitares extremeños que marcharon a pie a la capital de España en señal de protesta y apoyo a quienes fueran sus compañeros.
La salida forzosa de estos militares es uno de los retos a los que se enfrenta la nueva ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, que si bien ha defendido que «no podemos tener un Ejército lleno de soldados de 50 años», se ha comprometido a buscar el consenso del resto de fuerzas parlamentarias para diseñar la nueva política de personal del Ministerio de Defensa.
En este contexto, desde Aume piden un cambio de la ley (creen que al igual que ocurre con los policías y guardias civiles, los soldados podrían permanecer en sus puestos hasta los 58 o incluso 61 años) y mientras este se produce, abogan por articular medidas transitorias que permitan a los afectados contar con una salida laboral antes de cumplir los 45 años.
Así, plantean aumentar la provisión de plazas para los militares de carrera (ahora salen unas cien al año) mediante un sistema que «premie el mérito y la capacidad por encima de otros factores» o fomentar el trasvase de los militares a otros cuerpos como la Policía Nacional o la Guardia Civil. En definitiva, señala Jorge Bravo, «muchas pequeñas cosas cuya suma puede aliviar la situación que viven los afectados».
