El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, ha señalado que si el Tribunal Constitucional "no sigue levantando los vetos" a los diferentes artículos de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de la región, el Ejecutivo regional "no" descarta hacer una modificación de la misma.
De este modo se ha pronunciado el consejero de Sanidad este miércoles, día 28, en rueda de prensa en Mérida (Badajoz), ante preguntas de los medios por el levantamiento del Tribunal Constitucional de parte de la suspensión de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda en Extremadura.
De esta forma, Vergeles ha explicado que se levanta la suspensión del artículo que hace referencia a la definición de vivienda desocupada, pero que "no" se levanta el resto, de tal forma que "no se puede multar a los bancos o a los grandes tenedores de viviendas vacías aunque estén definidas como viviendas desocupadas".
Asimismo, ha añadido, tampoco se puede "expropiar el usufructo de la vivienda como se proponía en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda aunque hayan levantado la suspensión de la definición de la vivienda desocupada".
De esta forma, ha continuado, esto lleva a que la Junta "no" descarta una modificación de la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura si el Tribunal Constitucional "no sigue levantando los vetos", para así vincular "tanto las multas como las expropiaciones al concepto de vivienda desocupada y no al interés general" como está vinculado en la ley.
En este sentido, "quien tiene que rectificar aquí", ha dicho el consejero, es el Gobierno de España quien, a su juicio, es "el perro del hortelano, ni come el ni deja comer al amo", porque el Constitucional lo que hace es "interpretar la ley".
En este sentido, Vergeles ha criticado que el Gobierno central "no regula la vivienda desocupada, no regula cómo salir de ese parque de vivienda desocupada ofreciéndoselo a los jóvenes para alquiler o para comprarla, pero tampoco deja legislar a las comunidades autónomas".
Dicho esto, ha celebrado que el Tribunal Constitucional le dé "la razón" a políticas de vivienda que están en el Estatuto de Autonomía y se reconozca también, ha dicho, que la comunidad tiene "la competencia para denominar la vivienda desocupada", lo cual "abre una vía" que estaba "cerrada por el Gobierno de España", ha concluido.
