La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo ha alcanzado en esta legislatura las 900 viviendas de promoción pública (VPP) en régimen de alquiler entregadas a las personas más necesitadas de la región, tras las dos últimas adjudicadas.
El consejero del ramo Víctor del Moral entregó ayer dos VPP a otras tantas familias de Santibáñez el Bajo, seleccionadas por un proceso de baremación que beneficia a quienes tienen menos recursos económicos o especiales dificultades sociales. La inversión en estos dos inmuebles se ha elevado a 160.205 euros, según destacó el Gobierno de Extremadura.
Del total de 900 viviendas de promoción pública entregadas en esta legislatura, 414 han sido viviendas sociales de nueva construcción y otros 486 inmuebles son pisos y casas del parque autonómico que han quedado vacantes y se han ido entregando a nuevos adjudicatarios. Desde julio de 2011, Fomento ha invertido más de 21 millones de euros en nuevas promociones de este tipo de viviendas y otros 16 millones en conservación y mantenimiento del patrimonio de viviendas para poder ser adjudicadas nuevamente.
POLITICA IGUALITARIA El titular de Fomento anunció que durante el 2015 la actuación del Gobierno de Extremadura se seguirá centrando en afianzar la política social e igualitaria en materia de vivienda. Por ello, invertirá 5,14 millones de euros para iniciar la construcción de 65 nuevas viviendas sociales en 20 poblaciones, entre las que citó Pescueza, la Roca de la Sierra o Alcuéscar. Del Moral puso de relieve la apuesta del Gobierno de José Antonio Monago por seguir construyendo viviendas sociales en los municipios, porque cumplen un fin social y contribuyen a fijar población en el medio rural, especialmente en el caso de los jóvenes.
Añadió que, aunque se seguirán edificando VPP, se dará prioridad a la rehabilitación de inmuebles en los cascos históricos y se promoverá siempre que sea posible la construcción de VPP en los centros urbanos en lugar de en los extrarradios, evitando así los gastos públicos extraordinarios que esto lleva asociado.
Los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública del Gobierno de Extremadura pagan un alquiler social, que puede reducirse e incluso llegar a la exención total según los condicionantes socioeconómicos de la familia, se precisa en el comunicado. Estos inmuebles pueden adquirirse en propiedad una vez transcurridos tres años de la adjudicación, siempre que se hayan cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato.
