La Junta, los sindicatos y los empresarios pactaron ayer varias medidas para facilitar el acceso a una vivienda de protección oficial (VPO). Entre ellas, destacan que los titulares de viviendas que deseen tener una VPO no tendrán que esperar dos años para solicitarla tras vender la suya, como sucede ahora, sino que podrán hacerlo nada más deshacerse de esa anterior casa. Además, las familias también tendrán más posibilidades de acogerse a este tipo de viviendas, ya que serán consideradas "especialmente protegidas" aquellas que tengan dos o más hijos, y no como en la actualidad, ya que este requisito es para las que tienen tres o más hijos, y que tendrán las subvenciones acordes a sus condiciones al hacer la solicitud.

Asimismo, el tope del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) --el antiguo salario mínimo interprofesional-- para acceder a una VPO en la región pasará del 2,5 al 3,5 veces el Iprem (de 1.425 a 1995 euros al mes), con lo que serán más las familias que tengan la posibilidad de acogerse.

Estas son algunas de las novedades que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero, dentro del borrador de la reforma del decreto 33/2006 del Plan de Vivienda de Extremadura, que ayer abordaron el consejero de Fomento, José Luis Quintana, y representantes sindicales y de los empresarios, en la primera reunión de la Mesa Sectorial de Vivienda y Diálogo Social.

Otra de las cuestiones novedosas, según apuntó Quintana, es que las familias con un solo hijo también tendrán ayudas que hasta ahora no tenían para acceder con más facilitad a una vivienda protegida.

AUTOPROMOCION Además, la reforma del decreto incrementa también las ayudas a la autopromoción de viviendas, una figura "que tiene bastante relevancia en los pueblos de Extremadura", indicó el consejero, y cuyas subvenciones llegarán a los 21.000 euros (15.000 en la actualidad). Otra de las novedades es que se introduce la posibilidad de venta de la promoción de viviendas con destino a alquiler en un plazo de 10 años, cuando ahora el periodo mínimo es de 25 años.

Las partes también han acordado una mayor ayuda para la rehabilitación de viviendas que tengan accesibilidad para mayores de 65 años, que pasará de 9.000 a 12.000 euros máximo.

Por otro lado, la Junta ha acordado incrementar --con el visto bueno de sindicatos y empresarios-- en un 15% el precio del módulo de la vivienda protegida (el precio máximo legal por metro cuadrado), como "apoyo a la vivienda de protección oficial para que sea posible que los empresarios, los promotores y los constructores, puedan seguir construyendo vivienda protegida".

Tras la reunión, Quintana comentó que tanto los representantes sindicales como los de los empresarios han realizado una valoración "positiva", ya que "para Extremadura y para la economía regional, la política de vivienda es muy importante por la enorme capacidad de absorber mano de obra que tiene".

A partir de ahora el borrador se remitirá a las distintas instituciones para que puedan realizar alegaciones, y que sea publicado antes de que acabe el año.