El pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad que el decreto-ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social sea tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, de modo que se acortarán los plazos y los grupos podrán presentar enmiendas. La norma sigue su trámite con la advertencia del PP y C's de sus visos de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo considerado por el Consejo de Estado, que entiende que se invaden competencias reservadas al Gobierno central en lo referido a la universalización de la atención sanitaria para los inmigrantes sin papeles y la regulación de los mínimos vitales.
El consejero de Sanidad, José María Vergeles, señaló que lo del Consejo de Estado es una "recomendación" e incidió en que la necesidad de adoptar medidas excepcionales contra la exclusión social obliga a tramitar esta norma con carácter urgente, al tiempo que confió que los grupos puedan mejorar el texto vía enmiendas.
Desde el PP, el diputado José Angel Sánchez Juliá criticó que "la presión de las elecciones ha podido" a la Junta al tramitar una norma con "fuertes vicios de inconstitucionalidad" y tras advertir que este "decretazo" puede tener los "días contados", señaló que la intención de su grupo es que el texto cumpla con el ordenamiento jurídico, que perdure en el tiempo y que no suponga un "retroceso social" como a su juicio ocurre con la reforma de la renta básica. Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro, que criticó la situación "vergonzosa y patética" en la concesión de la renta básica, mostró la disposición de su formación para colaborar en la mejora de la ley. También la portavoz de C's, Victoria Domínguez, abogó por un buen texto que no esté sujeto "al albur de los cambios políticos y de las elecciones".
