Ni el Partido Popular está satisfecho con la limitación de los privilegios a los altos cargos que ha introducido la Junta en el proyecto de Presupuestos de Extremadura para el 2011, ni tampoco lo está CCOO. Por eso sindicato y oposición han consensuado una enmienda en la que instan a la Administración regional a que suprima totalmente las concesiones asignadas a estos puestos de responsabilidad en caso de cese o abandono del cargo. Recuerdan para ello que fue el propio presidente del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara, quien se comprometió a derogarlos en junio, durante su intervención en el último Debate sobre la Orientación Política de la Junta.
El líder del PP extremeño, José Antonio Monago, acompañado por el secretario general del sindicato en la región, Julián Carretero, informó ayer en Mérida de que su grupo parlamentario ha presentado en el registro de la Asamblea un total de 458 enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos elaborado por la Junta para el próximo año. De ellas, seis son a propuesta de CCOO, organización con la que ha consensuado el contenido de las mismas en las negociaciones mantenidas por responsables de ambas partes en los últimos días. Entre estas enmiendas pactadas está la petición de "supresión de los privilegios que tienen los altos cargos y el personal de libre desginación de la administración regional".
Fernández Vara se comprometió el 9 de junio, en la Asamblea, a "la derogación de la consolidación de complemento para los que ostenten cargos públicos y personal eventual que sean empleados públicos, que pasarán a tener el mismo tratamiento que otros funcionarios que ocupen puestos en la carrera administrativa". Tal y como publicó este diario en su edición del pasado día 11, las medidas introducidas por la Junta en el proyecto de Presupuestos suponen más una limitación que una supresión de esas concesiones, ya que se mantienen algunas de ellas. Por este motivo, PP y CCOO exigen ahora, a través de las enmiendas, que el presidente cumpla su palabra.
El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Ignacio Sánchez Amor, prefirió ayer no pronunciarse sobre esta demanda hasta conocer y estudiar el contenido exacto de la enmienda.
Además de este aspecto, oposición y sindicato también han acordado reclamar que se destine a educación una cantidad equivalente al 6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional o el 20% del total del presupuesto autonómico. Se trata de un asunto que está recogido en la futura Ley de Educación de Extremadura --aún pendiente de aprobación en la Asamblea-- y que pretenden que se aplique ya en el 2011. Asimismo, piden que el incremento aprobado, del 0,3% de la masa salarial para los trabajadores de la Administración del Estado, se asigne también a los funcionarios públicos de Extremadura "por el principio de igualdad". El resto de enmiendas consensuadas se refieren a la solicitud de exención del pago de tasas por los derechos de examen a los desempleados y a las víctimas de la violencia de género; evitar la "discriminación" que se produce en el Grupo E del personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud (SES); y a regular el complemento personal garantizado para los empleados que provienen de los hospitales psiquiátricos.
CRITICAS Tanto Monago como Carretero reiteraron ayer su descuerdo con los presupuestos presentados por la Junta para el 2011. El líder popular manifestó estar preocupado por el "recorte" que han sufrido algunos servicios públicos "esenciales" como la sanidad, la educación o la dependencia. "No tienen mucho sentido. Gana peso lo superfluo", apuntó y puso como ejemplo que, mientras por un lado se aplica una bajada del 10,1% en las partidas de la Consejería de Igualdad y Empleo, "los privilegios de los altos cargos se siguen manteniendo".
Por su parte, el secretario regional de CCOO advirtió que las cuentas regionales "marcan una tendencia en cuanto al adelgazamiento importante de las partidas destinadas a los servicios públicos esenciales" e incluso cree que su prestación a los ciudadanos "pudiera verse mermada". Esta preocupación es, según Carretero, la causa de las propuestas de enmiendas presentadas y consensuadas con el PP.
