El modelo es válido para el Ayuntamiento de Plasencia pero por el momento ningún otro consistorio parece que vaya a seguir sus pasos para compensar la deuda de la Junta por el IBI: retener la tasa correspondiente al canon del agua que debe abonar a la Junta por una cantidad equivalente a la deuda con el consistorio placentino, cifrada por este en 431.198 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón al consistorio en la decisión adoptada a través de una resolución de la alcaldía de diciembre de 2015 que fue recurrida por la Junta en los tribunales. «Resulta palmario a través de la diversa documental que es el ayuntamiento quien factura y percibe el canon y quien ingresa y satisface las cantidades de saneamiento que no hayan sido repercutidas, ingresadas o justificadas». De hecho, como reconoce el fallo, el ayuntamiento «se registró en el año 2013 como entidad suministradora ante la propia Junta», lo que en este caso determina que se considera que el grupo empresarial Aguas de Plasencia (gestiona el servicio de agua en la ciudad) en realidad colabora en la gestión, mientras que es el propio ayuntamiento «quien factura, cobra e ingresa».

«La Junta va a proceder al reconocimiento total de la deuda, hay voluntad política y mecanismos habilitados con los dos órganos recaudación, y eso va a limitar el alcance de la sentencia», explica el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista. Además, no todos los ayuntamientos eran susceptibles de sumarse y seguir los pasos del de Plasencia porque su modelo de gestión era diferente. «Se estudió en su día, pero las características del contrato de Cáceres son distintas y no era posible», reconocen desde el consistorio cacereño.