Hoy, a las 12 horas, se puede decir que empieza el nuevo curso político. No en vano, de la reunión que mantenga el presidente extremeño con el ministro de Hacienda en Madrid dependerá el cierre del presente ejercicio, así como la confección de los presupuestos extremeños del año que viene, los cuales deberán entrar en el Parlamento regional antes del 15 de octubre. Guillermo Fernández Vara acude a su cita con Cristóbal Montoro tras la polémica suscitada en torno a la misiva que le dirigió el número 2 del ministerio, Antonio Beteta, el pasado 8 de julio, nada más tomar posesión del cargo, cuando le exigió al nuevo gobierno extremeño, y bajo amenaza de intervención, un plan económico-financiero como consecuencia del incumplimiento del objetivo de déficit de la administración saliente. Extremadura debe presentar este citado plan antes de que finalice octubre, el cual no es otra cosa que una serie de ajustes o recortes que palien los excesos de gasto del ejercicio anterior. Sin embargo, el nuevo Gobierno del PSOE se niega a tocar todas las partidas que tengan que ver con Educación o Sanidad, lo que lo hace inviable.

El presidente extremeño busca, ante todo, margen financiero. Quiere exponerle al ministro la situación en la que se halla la región y hacerle ver que, en su opinión, es imposible cumplir con los objetivos fijados para este año. No en vano, el 24 de abril pasado el propio ministerio determinó que el déficit de la región a fecha 31 de diciembre del 2014 ascendía a 421 millones de euros, lo que supone el 2,44 por ciento del PIB, por encima del 1 por ciento fijado. En cuanto a la deuda pública, la comunidad cumplió con los objetivos predeterminados, ya que los datos de Hacienda reflejan que al cierre de 2014 ascendía a 3.092 millones de euros, lo que representa el 17,9 por ciento del PIB regional, cuando el límite fijado para Extremadura era del 18,7 por ciento. Sin embargo, tampoco se cumplió con la regla de gasto, que ascendió a 3.689 millones de euros, con un incremento del 5,1 por ciento en relación al año anterior, superior por tanto a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, calculada para el ejercicio 2014 en el 1,5 por ciento.

Con estas pautas, y teniendo en cuenta que el déficit máximo para 2015 es el 0,7% del PIB y ya en mayo se rebasó este porcentaje alcanzando el 0,9%, la Junta de Extremadura difícilmente va a llegar a diciembre con los deberes hechos; encima, si como señaló la consejera portavoz el viernes, "hay 600 millones que no se encuentran". Isabel Gil Rosiña aseguró que se pusieron en los presupuestos, pero como la deuda histórica "no se sabe dónde está". Para ella, hoy "hay que hablar de la realidad sobre el papel, sobre los números, pero sobre todo sobre las consecuencias que eso tiene para la ciudadanía".

EQUILIBRIO La directriz lanzada por la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) a finales de julio señalando que el equilibrio financiero de Extremadura se podría alcanzar en un plazo de cuatro años, es decir, en 2018 y nunca an 2015, vino a suponer para la Junta de Extremadura un balón de oxígeno. Pero duró días; Montoro lo tumbó con sus votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una semana más tarde.

Vara quiere reprocharle al ministro que no hiciera nada al respecto cuando gobernaba Monago en la región, pero además pretende utilizar los incumplimientos de Madrid para con Extremadura como baza de negociación. La disminución en las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado cuando está obligado a ejecutar anualmente el 1% del PIB regional según el nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura, el aplazamiento continuo del pago de la deuda histórica que en principio se pactó con el Gobierno anterior; o el tener afrontar con fondos regionales actuaciones que, por competencias, le corresponden al Estado, serán argumentos de Vara ante el ministro. Al mismo tiempo, pretende exigirle a Montoro lo que ya avanzó en su discurso de investidura, que Extremadura sola no puede bajar del 32% de tasa de paro en el que se halla y, en consecuencia, requiere de un plan de empleo con ayuda estatal, así como un tratamiento fiscal especial para las empresas que se instalen en la región, tal y como ya tienen otras autonomías.

Lo que resulte de la cita se sabrá de inmediato: margen financiero o estrangulamiento del gasto, ayudas extraordinarias o ninguna concesión. Lo que sí está claro es que, sea lo que sea, marcará el escenario de arranque político tras el verano y, con él, de la propia legislatura.