La batalla entre el presidente venezolano, Hugo Chávez, y los medios de comunicación críticos con el Gobierno se ha cobrado nuevas víctimas. El viernes, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) ordenó el cierre inmediato de 34 emisoras de radio que, según las autoridades, no cumplen con los requisitos exigidos.

La decisión --que puede ser solo un primer paso, pues el Gobierno revisa las concesiones de otras 200 estaciones-- afecta a cinco emisoras del Circuito CNB, a través del cual se transmite el programa Aló, Ciudadano , uno de los espacios de crítica contra el Gobierno más emblemáticos.

El Ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, anunció la medida e indicó que las emisoras deben cesar de inmediato sus transmisiones y, en todo caso, apelar posteriormente ante el Tribunal Supremo.

La clausura de estas estaciones es parte de un proceso que Conatel denomina "democratización" del espacio radioeléctrico. En opinión de Cabello se trata de luchar contra el "latifundio mediático" y, según explicó, el cierre de estas emisoras obedece al fallecimiento del titular de la concesión (se considera que esta es otorgada a una persona natural), la extinción de la concesión y, en los casos en que hubo un traspaso del permiso, al incumplimiento por parte de los nuevos operadores.

No obstante, en términos políticos, el cierre de estas estaciones de radio es parte de una arremetida del chavismo en contra de los medios de comunicación críticos con el Gobierno. Por ello, sectores vinculados a la oposición venezolana calificaron de "arbitraria y despótica" la rescisión del permiso para emitir a las 34 emisoras. Representantes de varios medios invitaron a los ciudadanos a seguir sintonizándolas a través de internet.

El pasado mes de marzo, Chávez ordenó realizar un "mapa de la guerra mediática" para detectar qué medios le son adversos. "Cada alcalde, en cada municipio haga un análisis. ¿Cuántas radios hay? ¿Cuál es el contenido? Cada gobernador en su estado respectivo; y vamos a hacer el mapa de la guerra mediática", afirmó el dirigente. En opinión del mandatario, si no fuera por esos medios de comunicación privados, el apoyo de los ciudadanos a su gestión alcanzaría el 80%.

MEDIDAS MORDAZA La ofensiva chavista no se detuvo allí. El jueves, la fiscalía general del país presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos, que limita seriamente la libertad de expresión. Este proyecto prevé penas de dos a cuatro años de cárcel para quien divulgue a través de los medios "noticias falsas que alteren la tranquilidad o el orden público", o que causen "pánico o zozobra" entre la población. También es delito la negativa a revelar información, la manipulación o tergiversación, la coacción mediática y la omisión voluntaria de suministrar información.