El juez Baltasar Garzón ha considerado "fuera de todo límite" que se mantenga el "cierre informativo" en torno a los graves sucesos ocurridos tras el desalojo de un campamento saharaui y posterior revuelta en El Aaiún, ya que se trata de posibles violaciones de derechos fundamentales. El magistrado, suspendido de forma temporal de sus funciones en la Audiencia Nacional y que actualmente ejerce como asesor externo en la Corte Penal Internacional de La Haya, ha realizado estas manifestaciones a los periodistas en unos cursos de Justicia Universal convocados por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

"Me parece fuera de todo límite que se mantenga ese cierre informativo cuando se trata de violaciones o de posibles violaciones de derechos fundamentales. La mejor medida es la claridad, la transparencia y exigir las responsabilidades a quien corresponda", ha subrayado.

Garzón se ha mostrado así preocupado por los acontecimientos que se están produciendo en el Sáhara Occidental y por la "imposibilidad o dificultad" para que cuanto antes se restablezca la situación. Aunque no ha querido valorar la actuación del Gobierno español en este asunto, el juez ha dicho que "como ciudadano español, querría que se esclareciera cuanto antes la situación para que queden protegidas las víctimas que haya, y que se exijan las responsabilidades en el caso de que las haya habido".

LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD, PRIORITARIA

Durante su conferencia Los desafíos de la Justicia Universal, Garzón ha hecho hincapié en que los intereses que pueda haber entre dos países en el ámbito diplomático, económico y político no deben primar sobre la "lucha contra la impunidad" y la "protección de los derechos de las víctimas". A su juicio, la justicia universal no es "un principio pacífico" debido a los intereses bilaterales que se interponen a la hora de investigar graves crímenes contra la comunidad internacional. "Se quiere ser soberano, no para investigar, sino para que otro no investigue", ha añadido, en referencia a los obstáculos que ponen algunos estados a la apertura de pesquisas en otros países.