La Asociación Nacional del Rifle (ANR) y la Fundación Segunda Enmienda (FSE) han unido fuerzas para combatir un proyecto de ley que prohíbe adquirir armas de fuego a las personas que están en la lista de sospechosos de terrorismo. En una carta enviada al fiscal general, Alberto Gonzales, el director ejecutivo de la ANR, Chris Cox, insta al Departamento de Justicia a no apoyar la ley presentada por un senador demócrata porque el texto "permitiría denegar arbitrariamente los derechos de la Segunda Enmienda en base a unas meras sospechas de amenaza terrorista". La FSE ha pedido la dimisión de Gonzales por su implícito apoyo a la legislación, que se basa en unas recomendaciones elaboradas por su departamento.
Para la Administración de Bush este es un choque de trenes en su guerra contra el terrorismo y el apoyo de los opositores a limitar el acceso a las armas, un derecho consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución.
OMISION La ley exige a los vendedores que denieguen la venta de armas, por ejemplo, a condenados por delitos graves y violencia doméstica y a inmigrantes ilegales, pero nada se dice ahora sobre las personas que están en la lista federal de sospechosos de terrorismo. Un estudio oficial del 2005 afirma que, entre febrero y junio del 2004, hubo 44 intentos de personas en esa lista de comprar armas. De ellos, 35 fueron aprobados.
La nueva ley permitiría prohibir la venta de armas cuando "haya razones para creer que la persona puede usarla en conexión con el terrorismo", dice el senador demócrata Frank Lautenberg, el impulsor de legislación.
