LA MUERTE, EL PRECIO DE LA LIBERTAD

En el 2003 murieron en España 89 personas víctimas de la violencia doméstica. Setenta eran mujeres, y 59 murieron a manos de sus maridos y compañeros o exmaridos y excompañeros sentimentales. Son los datos de que dispone el Observatorio contra la Violencia Doméstica, creado a impulso del CGPJ para abordar este problema desde la Administración de justicia, al que ha de añadirse ya el primer asesinato del año, en Palma de Mallorca.

Es el triste balance de uno de los años más negros de una lacra social que nos invade desde hace decenios y que afecta fundamentalmente a las mujeres. Por eso lo denominamos violencia de género: se trata de la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. El problema, sin embargo, no es sólo de la sociedad española. Un estudio del Centro Reina Sofía realizado en 70 países revela que afecta a todas las culturas. En nuestro entorno europeo hay siete países por encima de España en cifras de mortalidad: Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Reino Unido y Alemania. Es, por tanto, uno de los problemas de mayor envergadura al que se enfrentan las sociedades democráticas. Ello explica que los poderes públicos hayan ido asumiendo el compromiso de erradicar esta lacra. En España, de todas las iniciativas adoptadas se ha de destacar las del poder legislativo. El 31 de julio se aprobó por unanimidad la ley reguladora de la orden de protección. Se trataba de conseguir una mayor protección de las víctimas que deciden denunciar los malos tratos ante la justicia.

Es la primera vez que una ley habla de la necesidad de un estatuto integral para la víctima. De este modo, si el juez de instrucción acuerda una orden de protección para una víctima que está en situación de riesgo y existen indicios de que su agresor ha cometido un delito o una falta penal, su resolución activa automáticamente al resto de administraciones públicas: si aquella lo precisa, se le han de conceder ayudas sociales, económicas, psicológicas, jurídicas y de seguridad. El balance en los tres primeros meses desde su entrada en vigor demuestra que la ley está dando sus frutos. En España se han solicitado 4.234 órdenes de protección, de las cuales se han acordado judicialmente un 75%, es decir, más de 3.000. Una de las novedades de esta ley estriba en que los jueces deben resolver las peticiones en un plazo máximo de 72 horas, tras oír a las dos partes en una comparecencia por separado. Otra novedad se refiere a que el mismo juez debe resolver en una única resolución temas tan acuciantes para la víctima cual es el uso y disfrute del domicilio, la guarda y custodia de los hijos y la pensión provisional alimenticia.

Pero estamos ante una paradoja: ¿por qué hay más mujeres muertas a pesar de existir más leyes protectoras? Hasta ahora, ninguna mujer con orden de protección en vigor ha muerto. Este dato ha de sostenerse con todas las cautelas del mundo, ya que no sabemos que pasará en los próximos meses, al ser insuficiente el número de efectivos policiales destinados a hacer cumplir las órdenes de protección que dictan los jueces. La orden de alejamiento de la mujer asesinada en Palma de Mallorca se dejó sin efecto, a petición de la víctima, el 23 de abril del 2002. Las últimas fallecidas violentamente no habían denunciado malos tratos, y en consecuencia el Estado no podía protegerlas. Pero todas ellas estaban en proceso de separación judicial. Se constata un drama: la muerte de muchas mujeres se produce cuando han iniciado en solitario un camino hacia su libertad. Cuando la mujer decide poner fin a situaciones de violencia, cuando actúa ejerciendo su derecho a decidir con autonomía y se independiza, una minoría de hombres violentos no lo toleran y actúan de la forma más inhumana y más cruel: matando. Sabemos que el problema es muy complejo porque afecta a los patrones culturales de miles de hombres que a lo largo de los años han ejercido como única forma de relación con sus parejas, las de dominio y sumisión. Por eso, en desarrollar políticas de igualdad desde las escuelas está la clave de la solución. Mientras tanto, las mujeres víctimas de malos tratos que decidan separarse es mejor que previamente denuncien su situación para que el Estado pueda protegerlas. No hay recetas mágicas, pero no podemos cejar en el empeño de erradicar este problema. El precio que pagan las mujeres por su libertad es demasiado alto. La sociedad no lo puede tolerar.