El pleno del Parlamento catalán dio vía libre el miércoles a la ley de presupuestos con dos enmiendas contradictorias. Una, presentada por el grupo parlamentario de la CUP, insta al Gobierno que preside Carles Puigdemont a financiar un referéndum en esa comunidad autónoma de acuerdo con la legalidad vigente en el momento de la convocatoria del mismo. La otra, presentada por Catalunya Sí que es Pot, subordina la organización del referéndum a un pacto con quien tiene las competencias para convocarlo. Junts pel Sí decidió apoyar ambas enmiendas desoyendo así tanto el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña como la advertencia de los servicios jurídicos de la propia Cámara legislativa que señalaron la anticonstitucionalidad del texto original de la ley y de la enmienda de los anticapitalistas.

El grupo de Junts pel Sí sigue atrapado en las contradicciones que le permitieron investir presidente de Cataluña a Puigdemont: quieren seguir en el Gobierno de esa comunidad de acuerdo con la legalidad autonómica, pero están obligados a evitar cualquier síntoma de flaqueza en la pretensión de desobedecer esa legalidad para lograr los votos de la CUP. Pretenden desobedecer sin dejar los cargos que ostentan actualmente, un propósito cada día más difícil de conseguir. Anteayer lo único que se logró fue aumentar la tensión en el Parlamento.

Esta votación tiene al menos dos consecuencias indeseables. La primera es que previsiblemente va a retrasar unos días más la entrada en vigor de los presupuestos, que llevan 15 meses de retraso tras diversos aplazamientos por diversas circunstancias. Al menos tres grupos de la Cámara llevarán la ley al Tribunal Constitucional, con lo que quedará paralizada hasta que se decida la admisión a trámite del recurso y la subsiguiente suspensión cautelar de los artículos recurridos.

En segundo lugar, el llamado proceso catalán sigue enredándose en una madeja judicial de la que difícilmente va a salir nada efectivo ni operativo, ni para los que desean la independencia ni para quienes pretenden impedirla. La desobediencia lleva a la ilegalidad y esta a la inhabilitación. Ese camino permite superar votaciones y fechas límite pero todos saben que es un camino a ninguna parte, tanto para la convivencia en Cataluña como ante los ojos europeos.