TDtesde que Fernández Vara tomase las riendas de esta región en el 2007 hasta hoy ha habido un denominador común en su política que a mí me interesa, e imagino que al resto de ciudadanos también. Me refiero a su afán por escuchar y conocer las inquietudes de las personas, por buscar espacios para el diálogo y la cooperación, y en definitiva por tender puentes entre lo público y lo social. Se trata de la democracia participativa, un modelo político que rompe el tradicional hermetismo del poder y de la gestión pública, otorgándole cierta legitimidad a la ciudadanía, potenciando espacios de atención a las necesidades directamente demandadas por la sociedad civil. La propia Constitución Española en su artículo 9 nos dice que corresponde a los poderes públicos promover y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social- La participación ciudadana es el máximo exponente de una democracia participativa, complementaria de la representativa tradicional; y a la vez también expresión de un nuevo contrato social entre los poderes e instituciones y la ciudadanía. La aplicación de este modelo (e-gobierno) requiere de nuevas vías de consulta, de escucha y de participación, que encuentran en las nuevas tecnologías unas excelentes compañeras de viaje.

El entorno rural extremeño supone el 60% de la población regional y por tanto un excelente potencial para la aplicación y puesta en marcha de herramientas para la participación, máxime cuando este tipo de espacios tienen algunos inconvenientes endémicos que necesitan de la cooperación interpersonal y de una organización social mayor. La impronta del gobierno de Vara, su compromiso personal en esta fórmula de gobierno y su sensibilidad con las zonas rurales, está haciendo posible la puesta en marcha de un movimiento social sin precedentes en esta región, que fue aprobado mediante el Decreto 113/2008 y cuyos pilares comienzan a construirse en las comarcas extremeñas. El objetivo del proceso de participación que se regula en esta norma es "conseguir y mantener un nivel adecuado de participación de la ciudadanía de zonas rurales, dirigido al desarrollo personal, socieconómico y cultural de los ciudadanos y que les permita ser protagonistas en el desarrollo presente y futuro de su zona". Para quienes llevamos algunos años trabajando con la sociedad civil y aplicando en mayor o menor grado este tipo de herramientas estratégicas, es un alivio y una satisfacción el que exista esa voluntad firme y ese empeño desde el gobierno regional, porque no nos engañemos, el éxito o el fracaso de las políticas depende de que satisfagan en mayor o menor medida las necesidades reales de los ciudadanos y esto, entre otras cosas, solo es posible cuando existe una comunicación fluida entre gobierno y gobernados, y una implicación directa en la planificación y gestión de los recursos públicos.

Lo importante ahora es aprovechar esta coyuntura y marco legal, que supone una oportunidad insólita, al menos en lo que a la implicación directa de un gobierno se refiere. Disponer de esta herramienta para estructurar y organizar la sociedad civil puede ser útil y revolucionario, siempre y cuando el compromiso no solo se realice con palabras y gestos, sino también con recursos económicos y con cierto grado de garantía y de cumplimiento de las expectativas que ya han comenzado a generarse. Por tanto, que fluya el diálogo, que se escuche la voz del mundo rural, y que poco a poco, se vayan soltando algunos lastres que cada día que pasa nos ahogan con mayor intensidad.