Mientras que el portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la propuesta, el Observatorio contra la Violencia de Género, que depende de este organismo, la ha apoyado. Su presidenta, Montserrat Comas, manifestó ayer su respaldo porque "puede tener efectos preventivos".
Comas defendió que la iniciativa tiene cabida en el ordenamiento jurídico y constitucional dado que "las sentencias son públicas".
Además, la presidenta del observatorio negó el posible carácter discriminatorio para el condenado, "teniendo en cuenta que las decisiones judiciales son de conocimiento público, especialmente cuando son tratadas por los medios de comunicación, explicó Comas.
