Los dueños mayoritarios de las huertas de La Isla han instado al ayuntamiento a ejecutar la sentencia que le obliga, desde junio del 2001, a iniciar la expropiación forzosa para adquirir los terrenos que los propietarios han tasado en torno a los 35 millones de euros, una cantidad que supera ya el presupuesto del ayuntamiento mientras que éste ha encargado su propia valoración a una consultora externa.

Al menos siete peticiones de expropiación forzosa obran ya en poder del ayuntamiento y algunas incluso desde hace más de dos meses, según fuentes de la propiedad, lo que supera el plazo que otorga la Ley al ayuntamiento para responder si está o no de acuerdo con la tasación de los particulares. Si bien algunas otras peticiones se han presentado más recientemente y el ayuntamiento dispone de un mes más para realizar la suya.

"Los propietarios --indican las mismas fuentes-- están por la labor de la negociación". No en vano hace tres años que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) les reconoce su derecho a pedir la expropiación forzosa --ratificada el año pasado por el Tribunal Supremo-- y no lo han hecho hasta ahora.

También la alcaldesa, Elia Blanco, ha mostrado su voluntad de diálogo y ha fijado ya sin falta para septiembre el inicio de las negociaciones. De no haber acuerdo tendrá que ser el tribunal de justiprecio el que fije el valor de las huertas que los propietarios decidieron rebajar desde los 48 millones de euros de la tasación técnica dado lo escalofriante de la cifra.