Un total de 123 personas, residentes en Plasencia, se sentarán en el banquillo, en la Audiencia Provincial de Cáceres, acusadas de un delito continuado de blanqueo de capital y de integración en grupo criminal. La Fiscalía Provincial pide entre 8 años y 9 años y seis meses de cárcel para los acusados, a lo que suma además la petición de multas que oscilan entre los 20.000 euros y 1,5 millones.

En su escrito de acusación, la fiscal señala que, entre los años 2005 a 2014, los acusados y «gracias a los cuantiosos beneficios obtenidos de la venta y distribución de estupefacientes a terceros» se dedicaron, «de forma concertada y organizada», a través de una estructura y reparto de tareas «en forma piramidal», a abrir numerosas cuentas corrientes, algunas que denomina «cuentas-puente» porque rápidamente se traspasaba el dinero a otras.

Además, explica que con otras cuentas se obtenían préstamos y otras se utilizaban para invertir y contratar plazos, fondos de inversión o realizar compra de valores. Según la Fiscalía, el objetivo de estas actuaciones qra «dificultar la detección e identificación de estos fondos». Señala también que las cuentas permanecían abiertas entre 2 y 4 años y que después se cancelaban mediante disposición de efectivo o transferencias y que el destino del dinero, en la mayoría de los casos era desconocido y en otros eran inmuebles y vehículos.

Por todas estas circunstancias, la Fiscalía formula su escrito para los 123 acusados y pide el sobreseimiento y archivo para tres de las imputadas porque no ha quedado acreditada su participación en los hechos.

la defensa / Ante este escrito, las defensas de los investigados señalan haberse visto «sorprendidos por la dureza de las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal».

Indican que, el proceso de blanqueo de capitales en Plasencia es «un proceso a una etnia y a una forma de vida diferente, en la que todos los miembros de la familia trabajan para todos y se ayudan entre todos, y en algunos casos la tenencia de fondos se remonta a más de treinta años. Y se involucra en operaciones complejas a personas mayores que carecen de los conocimientos necesarios para tales cometidos. La mayoría están desconcertados».

Por esto, critican que «la fiscalía hace tabla rasa, pide las mismas grandes penas para todos, excepto para dos personas que pide todavía penas más graves, y considera organización criminal a lo que es una familia extensa, en la que el mero hecho de tener unos apellidos, o un pariente común y tener un dinero en el banco ya es suficiente para ser imputados».

Estanislao Martín, abogado de varios de los acusados, señala en un escrito que «la fiscalía parte de un hecho no demostrado: que los fondos intervenidos vienen del tráfico de drogas, cuando muy pocos de los acusados tienen realmente antecedentes de tráfico de drogas. La fiscalía dibuja una figura piramidal inexistente y generaliza determinados comportamientos de unos pocos y atribuye actuaciones a todos los acusados por igual».

También le sorprende que, «siendo los bancos los beneficiados de los depósitos, y de los productos contratados, no se siente ningún director en el banquillo, siendo exculpados desde el inicio del proceso».