Un Juzgado de lo Social de Cáceres ha emitido recientemente la última de las siete sentencias que condenan al grupo Himexsa-Tecnoagua (GHT) a indemnizar a los trabajadores que acudieron a los tribunales por despido improcedente aunque la suspensión de pagos impedirá que éstos cobren de la empresa y lo harán del Fondo de Garantía Salarial, con lo que perderán el 60% de las indemnizaciones en cada caso, según señalaron ayer los sindicatos.
Por eso los trabajadores afectados dicen encajar como "un mal menor" las sentencias que aunque les dan la razón, no es menos cierto que la empresa ni siquiera se presentó a los juicios y tampoco garantizan el cobro íntegro de las deudas.
PROVEEDORES REUNIDOS
La última sentencia, que afecta precisamente a un delegado sindical de UGT en una de las sociedades del grupo, obliga a la empresa a pagarle alrededor de 50.000 euros aunque aún falta por reclamar los salarios dejados de percibir que cifra en unos 11.000 euros. Pero el sindicato advirtió de que no cobrará más que el cuarenta por ciento del total. Ya ha habido casos como éste a través de CCOO y particulares y habrá más.
De hecho este mes están fijados los juicios de los dieciocho trabajadores que han dado también el paso a través de la CGT. Son los mismos que presentaron en julio una querella criminal por alzamiento de bienes contra los representantes legales del grupo Himexsa-Tecnoagua que el juez acaba de admitir aunque para dar traslado al Ministerio Fiscal, los denunciantes tendrán que solventar antes un mero defecto de forma. Lo que realizarán previsiblemente el sábado in situ en los juzgados.
El juzgado habría visto así indicios de un delito de alzamiento de bienes por el que los querellantes sostienen que familiares de Emilio Serrano habrían trasladado maquinaria de esta empresa a otras de nueva creación mientras trabajadores en algunos casos de "toda la vida de Himexsa están en la calle".
Por otro lado, una veintena de proveedores se darán cita hoy en un conocido hotel para estudiar si presentan una querella criminal conjunta contra los propietarios también por alzamiento de bienes.
