El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya avisó de que la seguridad debía ser una de las prioridades de las nucleares y que no admitiría "manipulaciones ni ocultaciones". Por esta razón, la central de Ascó (Tarragona) deberá pagar una multa de 15,4 millones de euros por la fuga radiactiva descubierta en abril del año pasado, ocurrida cinco meses antes y de la que no se informó.
El cúmulo de negligencias de la central acaba con la imposición de la sanción más elevada que se ha impuesto nunca a una central nuclear en España. Casi la mitad (7,5 millones de euros) es por la emisión radiactiva que superó el límite legal. Pero lo peor es que los gestores de Ascó manipularon los sensores para que la alarma de fuga no se disparase.
