Fernando Ferrín Calamita, titular del Juzgado de Familia número 9 de Murcia, ha vuelto a recibir un toque de atención por sus actuaciones y sentencias homófobas. El 25 de julio, este magistrado ya sufrió una reprimenda del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por quitar la custodia de sus dos hijas a una mujer solo por ser lesbiana. Y ayer volvió a ser expedientado por la comisión disciplinaria Por causar retrasos en los trámites de adopción de la hija de una lesbiana por parte de su esposa.
La pareja de mujeres inició los trámites de adopción de la niña en mayo del año pasado, pero el proceso acabó convirtiéndose en "un vía crucis de trabas y dilaciones absolutamente injustificadas" por parte del juez, según denunció el matrimonio. El magistrado, que actualmente está de baja médica, aseguró que no retrasó a propósito el asunto, aunque haya planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre este tipo de adopciones. Sin embargo, la afirmación de Ferrín no convenció al servicio de inspección del CGPJ, que concluyó que resulta incongruente y dilatorio que el juez acordara practicar un informe psicológico que posteriormente consideró innecesario.
Tras conocer los hechos, la comisión disciplinaria del CGPJ decidió abrir un expediente al magistrado por la posible comisión de una falta grave del artículo 418-11 de la ley orgánica del Poder Judicial, "sobre el retraso injustificado de procesos".
En cuanto a las sanciones económicas aplicables por esta falta grave, la ley establece un mínimo de 300 euros y uno máximo de 3.005 euros. Es decir, el mismo dinero por el ya que fue expedientado.
