El gobierno aumentará el plazo de prescripción de los abusos a niños

Para intentar frenar este brutal drama, el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes un anteproyecto legal que, de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que se ponga fin a la legislatura, convertirá a España en un país pionero en la protección de los niños, sin duda el colectivo de población más vulnerable. Ese es al menos el propósito con el que está trabajando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que al llegar al poder creó al respecto un grupo ministerial en el que Justicia y Sanidad han llevado la voz cantante, pero en el que también han participado otros ministerios.

En la Unión Europea no hay actualmente ningún país que disponga de una ley integral para atajar la violencia en todos los entornos en los que viven los niños. Los países nórdicos tienen legislaciones ejemplares contra el maltrato dentro del ámbito familiar y también hay buenas experiencias en algunos países de América Latina. Pero si España logra dar vía libre al texto legal y este contiene las expectativas generadas, sin duda «se convertirá en un referente mundial», según explica la directora de políticas de infancia de la asociación Save the Children, Ana Sastre.

Juega a favor de la legislación española que, a priori, hay consenso político en cuanto a la necesidad de mejorar la protección legal e institucional de los menores. Es cierto que contra la violencia machista también existe un acuerdo de base, pero las diferencias políticas han lastrado, en muchas ocasiones, los avances. Las oenegés de la infancia confían, no obstante, en que, en esta ocasión, PP, Ciudadanos y los partidos nacionalistas no pongan demasiadas piedras en el camino.

La ley prohibirá toda forma de violencia contra los menores de acuerdo con la definición contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño en aspectos como el abuso, el maltrato físico y mental, el abandono, la explotación y el abuso sexual, y la restauración de los derechos de las víctimas. Además, contendrá medidas específicas contra el acoso en internet y de protección a los colectivos más vulnerables, como menores con discapacidad o LGTBI. Los objetivos de la norma en preparación son fortalecer la conciencia ciudadana en torno al problema con campañas de concienciación, el establecimiento de medidas de prevención efectivas, la mejora de la detección temprana con protocolos en los colegios y otras instancias, el empoderamiento de los niños para que sepan detectar el peligro y los actos de violencia, el fomento de una parentalidad positiva y el fortalecimiento del marco jurídico para el correcto enjuiciamiento de los casos y la reparación a las víctimas.

La nueva normativa incluirá el deber de cualquier persona de comunicar los indicios de un delito contra un menor. Para proteger a los denunciantes, estos podrán declarar bajo el anonimato y en condiciones de confidencialidad. Además, todos los colegios deberán contar con un responsable de proteger a los niños, cuyo trabajo será supervisado por las comunidades autónomas. Asimismo, dispondrán, al igual que los centros sanitarios, los servicios sociales y los ámbitos de ocio y deportivos, de protocolos sobre cómo detectar los casos de violencia y cómo actuar ante ellos. De hecho, se incrementará la formación en estos delitos de profesores, policías, jueces y fiscales, y los funcionarios de los servicios públicos tendrán consideración de autoridad pública en situaciones de emergencia. Se creará un registro unificado de menores víctimas de todo tipo de malos tratos y vejaciones, con el fin de que conocer de forma más precisa la magnitud del problema, así como quiénes son los sujetos que ejercen la violencia, para que la sociedad tome conciencia y las administraciones puedan adoptar medidas. Y es que, aunque Interior contabiliza el número de denuncias de delitos contra menores (más de 38.000 el año pasado), para precisar la cifra de niños muertos por ataques violentos Save the Children tuvo que recurrir a los casos difundidos en los medios de comunicación. El balance es de 100 menores en cinco años.

Las oenegés involucradas en la protección a la infancia han solicitado que se creen juzgados y fiscalías especializados en violencia infantil, similares a las que ya existen en el ámbito de la violencia machista, y que los menores solo tengan que declarar una vez. Y es que la justicia es uno de los puntos negros de esta lacra. Se calcula, por ejemplo, que solo el 15% de los menores que sufren abusos sexuales se atreve a denunciar y de ellos solo el 30% de los procesos llegan a enjuiciarse.

Uno de los motivos argumentados y que suelen redundar en la la impunidad de los pederastas es que cuando sus víctimas se atreven a denunciar los abusos que sufrieron por ellos, en demasiadas ocasiones el delito ya ha prescrito. Por eso, el Congreso aprobó, a iniciativa del grupo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputadpos, que los plazos de prescripción -de entre 5 y 15 años en función del delito- comiencen a contar cuando el agredido cumpla 30 años. Las oenegés solicitaron en su borrador que se eleve hasta los 50 años. Y la vicepresidenta Carmen Calvo, durante una visita al Vaticano, llegó a decir de que los abusos sexuales a niños serían imprescriptibles, algo difícil de encajar en la Constitución. En cualquier caso, el objetivo del Gobierno es acabar con la impunidad actual.

La ley también contemplará, del mismo modo, una actualización de la inhabilitación especial que atañe a los profesionales y voluntarios que quieran trabajar con niños en el caso de haber sido condenados; así como medidas para restringir la patria potestad, tutela, guarda o adopción en aquellos casos en los que el padre esté siendo investigado o haya sido condenado por violencia machista. Es una de las peticiones recogidas, además, en el Pacto de Estado contra el Maltrato, firmado por los partidos en septiembre del 2017.