Ante la aparición de crisis alimentarias como la reciente del aceite de girasol ucraniano, nada mejor que contar con herramientas con las que gestionarla. Con este objetivo el Gobierno anunció ayer la elaboración de una ley de seguridad alimentaria, que implica a ocho ministerios y propone, entre otras medidas, mejorar los controles de seguridad, rastreabilidad, calidad y etiquetado de alimentos. La futura norma también establecerá un sistema más preciso para poner en marcha la red de alerta e intercambiar información sobre productos inseguros y sobre las medidas a adoptar a nivel nacional.
Junto a la seguridad, el Ejecutivo ha acelerado una batería de medidas para prevenir enfermedades relacionadas con la dieta. A la cabeza figura reducir en los alimentos la concentración de grasas trans, usadas para prolongar la vida útil de buen número de comidas rápidas fritas, productos de bollería (pasteles, galletas, magdalenas, empanadas...), aperitivos empaquetados, margarinas y panes. Hay pruebas contundentes de que estas sustancias son precursoras de la obesidad, obstruyen las arterias y están relacionadas con la diabetes y el cáncer.
Según los expertos, en torno al 3% de las calorías que consume la población española proceden de grasas trans, una cantidad que triplica el 1% recomendado por la Sociedad Internacional de Cardiología. La UE estudia una regulación más estricta y la obligación de incluir esta información en el etiquetado. Algunas empresas españolas están dando los primeros pasos.
