El Gobierno concedió ayer cinco millones de euros para que se pueda saber en todo momento el paradero de los maltratadores. Quienes hayan sido condenados o simplemente imputados por un delito de violencia machista podrán llevar, si así lo decide el juez, una pulsera electrónica con un dispositivo GPS que permitirá controlar sus movimientos. La finalidad de esta medida, según explican en el Ministerio de Igualdad, es triple: por un lado, sirve para intimidar al agresor, quien se pensará más de dos veces hacer una visita a su pareja o expareja si se sabe vigilado; por otro, dar una mayor tranquilidad y seguridad a la víctima de malos tratos; y, en tercer lugar, cuando el maltratador quebrante la orden de alejamiento que le ha impuesto el magistrado, el GPS servirá como prueba de que se ha producido ese desplazamiento prohibido.

Las pulseras electrónicas, en cualquier caso, tardarán en llegar a las muñecas o tobillos de los agresores. Lo que hizo ayer el Consejo de Ministros, que también aprobó un programa de inserción laboral de las víctimas de la violencia sexista, fue destinar esos cinco millones de euros para que las comunidades autónomas adquieran unos dispositivos telemáticos que ya estaban contemplados en la ley de violencia de género. Ahora, por tanto, se abre un periodo de pruebas de los distintos GPS hasta dar con el más conveniente.

Hay modelos en los que basarse. En Cataluña, Madrid y Baleares se han implantado estas pulseras. En el caso catalán, 344 internos llevan un dispositivo de control. Los penados, por malos tratos o por otros delitos, pueden así quedarse en su domicilio durante las ocho horas diarias que en otro caso tendrían que pasar en un centro penitenciario de régimen abierto.

LA SUBCOMISION Sin embargo, al mismo tiempo que el Ejecutivo dio un paso hacia delante en la lucha contra el maltrato, también oficializó un retraso. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que no se convocará la conferencia de presidentes autonómicos sobre violencia machista hasta, como mínimo, cuatro meses, el tiempo que necesita la subcomisión parlamentaria creada para analizar la ley de violencia doméstica. En plena campaña de las generales, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a convocar la reunión de forma "urgente y extraordinaria", algo que confirmó tras ganar los comicios. La fecha para celebrarla se fijo entonces para comienzos de septiembre, después se aplazó a la segunda quincena del mismo mes. Ahora se ha retrasado hasta marzo.