La reválida, recuperada por el PP, está a la vuelta de la esquina. El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que regula la Prueba General de Bachillerato (PGB), que comenzará a aplicarse en el curso 2005-2006 y será imprescindible para obtener el título de Bachiller.
Pero en su camino hacia la mayoría de las facultades universitarias españolas, los estudiantes deberán superar otra prueba selectiva adicional para entrar en los centros de enseñanza superior, según otro decreto publicado ayer.
La normativa de acceso a la universidad deja muy claro que se podrán hacer pruebas de acceso, con carácter complementario y específico después de haber superado la reválida.
En todas las carreras en las que hay más demanda que oferta de plazas (como las ingenierías, Periodismo, Fisioterapia o Medicina) será necesario realizar pruebas de acceso particulares y específicas.
EL 40% DE LA NOTA Los nuevos decretos, que afectarán a los casi 250.000 alumnos que cada año acceden a la universidad en España, son algunas de las principales novedades que introduce en el sistema educativo la ley orgánica de calidad de la enseñanza (LOCE).
Las calificaciones de la reválida o PGB supondrán el 40% de la nota del Bachillerato, y el expediente de los dos cursos, el otro 60%. No obstante, para hacer esta ponderación, será imprescindible haber obtenido en la reválida un mínimo de 5 puntos.
La prueba tendrá una parte común y otra específica según la modalidad de bachillerato estudiado. La principal novedad es que se exigirá un examen oral y otro escrito de lengua extranjera. Si se aprueba solo una parte, se guardará la nota para las siguientes convocatorias, dos en cada curso académico.
Según la información del Ministerio de Educación (MEC) , los nuevos exámenes tendrán carácter externo a los centros y podrán celebrarse en aquellos lugares (colegios, universidades y otros recintos) que determinen las autonomías.
El decreto fija que la comisión o tribunal que controlará la prueba estará formado por un representante de la Administración, que será el presidente, un inspector, un catedrático, "cuatro profesores del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria". La norma no precisa que estos docentes sean sólo funcionarios, asumiendo así la petición de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, que reclamó que "esté representada la pluralidad de la escuela española y no sólo la pública".
