La Junta de Extremadura tendrá que renegociar la consignación de la deuda histórica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Ejecutivo para cumplir el pacto que salvó las cuentas extremeñas y que de momento, sustenta el gobierno de José Antonio Monago. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, insistió ayer en que los 20 millones asignados se invertirán "donde diga IU", pero lo cierto es que por ley, no podrán ir ni a programas de Dependencia ni al pago de una renta básica de inserción como exigió la formación a cambio de facilitar la aprobación del presupuesto autonómico el pasado mes de enero. La partida aparece como "transferencias de capital para financiar proyectos de inversión" y según fuentes consultadas por este diario, en esos términos no puede destinarse a gasto social.

Los 20 millones que la Junta reconoce como un anticipo de la deuda histórica están recogidos en la sección 32 del Capítulo de Gastos y dentro del programa 9.410, titulado "Otras transferencias a Comunidades Autónomas". Es la partida 754, "Transferencias de capital para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Extremadura" y aparece junto a otra del mismo nombre para la provincia de Teruel dotada con 30 millones de euros. Fuentes de la Universidad de Extremadura consultadas por EL PERIODICO señalan que con esta nomenclatura, el destino del dinero es claro: está supeditado a "proyectos de inversión en la comunidad autónoma" y ni los programas de dependencia ni el pago de una renta básica lo son.

Las mismas fuentes apuntan además que una partida que aparece recogida como "Transferencias de Capital" no puede destinarse nunca al pago de prestaciones, sino a otras actuaciones relacionadas con el desarrollo de infraestructuras y servicios de interés general y que ese dinero solo puede hacerse efectivo a contrafactura. Es decir, que la Junta lo recibirá solo después de presentar al Gobierno central las facturas de las actuaciones que haya acometido con él. Teruel, que recibe esta asignación desde hace varios años para compensar el desigual desarrollo con respecto a las otras dos provincias aragonesas, ha invertido en carreteras, ferrocarril o líneas de alta tensión. Para destinar estos 20 millones al pago de prestaciones sociales de dependencia o rentas de inserción como exige IU, debería aparecer presupuestado como 'Transferencias Corrientes'.

El trámite parlamentario que ahora inician los PGE permitirá cambiar la partida en la que se han consignado estos 20 millones para que finalmente se cumplan las exigencias de IU, pero cabe destacar que ni Fernández ni la vicepresidenta de la Junta, Cristina Teniente, mencionaron ayer la cuestión pese a no descartar presentar enmiendas parciales al borrador y decir literal-