La matanza en Alía que deja nueve afectados por triquinosis no estaba autorizada

Un brote de triquinosis ha afectado a nueve personas, dos vecinos de Trujillo y otros siete de la Comunidad de Madrid, que consumieron carne proveniente de una matanza no autorizada, según ha informado la Guardia Civil tras llevar a cabo la investigación pertinente.

El origen podría estar en el consumo de carne de cerdos sacrificados en una matanza domiciliaria para consumo familiar que tuvo lugar a finales del pasado mes de diciembre en una finca de la localidad cacereña de Alía, la cual no estaba aprobada por las autoridades municipales competentes. Las muestras analizadas revelaron la presencia de triquina en los animales y el episodio fue detectado en enero, cuando los afectados comenzaron a mostrar sintomatología compatible con esta enfermedad parasitaria.

Nueve personas afectadas por un brote de triquinosis en una matanza casera en Alía

Afortunadamente, la gravedad de los afectados ha sido en todos los casos catalogada como leve, existiendo también algunas personas que participaron en dicho evento familiar que no presentan ninguna afección.

El inicio de la investigación se produjo tras una comunicación por parte de la Oficina Veterinaria de Zorita, en la que se reportaba un posible episodio de triquinosis. Una información que fue confirmada posteriormente por la Dirección General de Salud de Cáceres.

A su vez, se ha comprobado que la finca donde se no se encuentra inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas y que los cerdos carecían de identificación animal y de Guía de Origen y Sanidad Pecuaria.

Los investigados

Según detalla el comunicado emitido por la Guardia Civil, agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Cáceres y Guadalupe se encuentran investigando a tres personas relacionadas con los hechos por no cumplir con las regulaciones vigentes ante la detección de triquina. 

En primer lugar, un veterinario ajeno al Servicio Extremeño de Salud, quien no cumplió con las obligaciones impuestas en la normativa sectorial actual, pese a que sí recomendó que se procediera a la destrucción de las carnes y despojos del animal mediante incineración.  

Los otros dos investigados son las dos personas responsables de la matanza, puesto que no ofrecieron datos fiables sobre el lugar de procedencia de los cerdos, alegando un origen ficticio y no verificable y aportando datos imprecisos y no concluyentes. 

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