Aunque pueda sorprender, los jueces no somos una especie de casta privilegiada, con una vida regalada, poco trabajo y todo tipo de prebendas. En modo alguno es así. Después de superar unas durísimas oposiciones, el juez se encuentra inmerso en un trabajo asfixiante, sepultado entre polvorientos legajos y con una vida familiar muy limitada. Cuando para cualquier trabajador termina su jornada, para un juez, consciente de su responsabilidad, empieza su verdadera labor, sin horarios y sin límite de tiempo a disposición de la justicia.

Los que hemos tenido una intensa labor asociativa hemos visto como los sucesivos gobiernos han relegado la justicia a la planta baja del edificio constitucional. En realidad poco reivindicamos para nosotros. Queremos una mejora sustancial en la justicia, no un mero parcheo. Es el momento de la justicia. Esta es la urgencia.

España es el quinto país de Europa con menos jueces por cada 100.000 habitantes, cerca de 10, cuando la media europea está en torno al doble y por debajo de países como Azerbayan, Armenia o Malta. Con una inversión en justicia que no supera el 1% del PIB cuando muchos países centroamericanos tienen constitucionalmente reconocido el 3%. Con una oficina judicial y leyes procesales del siglo XIX.

Hay que decir basta y exigir una reforma estructural y seria en la justicia para llevarnos a los módulos europeos y al siglo XXI. El derecho a la tutela de los ciudadanos exige que estos se encuentren con una justicia eficiente y con suficientes medios personales y materiales.