La red completa de electrolineras que ha diseñado la Diputación de Badajoz en la provincia está integrada por 32 estaciones de recarga que no estarán operativas hasta final de año. Pero este verano ya habrá 25 en funcionamiento repartidas por otras tantas localidades de la geografía provincial, según informó ayer el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo. Cuando la red esté completa, no habrá más de 35 kilómetros de distancia entre todos los puntos de recarga de la provincia, lo que garantizará una autonomía segura a los conductores de vehículos eléctricos.

La creación de esta red está incluida entre las acciones del Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos (Movem), que la diputación inició en el 2018 y que contempló 6 millones de euros para comprar 200 vehículos eléctricos a repartir entre los municipios y un millón para la red de electrolineras. 

Gallardo explicó que la ejecución de la red está al 97%, de forma que ya están terminados 11 puntos de recarga con su armario y su cargador: en Badajoz, Olivenza, La Cocosa, Cabeza del Buey, Campanario, Castuera, Herrera del Duque, Navalvillar de Pela, Villanueva de la Serena, Don Benito y Jerez de los Caballeros. El resto se encuentra en ejecución.

Los usuarios tendrán que instalarse una aplicación en sus teléfonos móviles que permitirá consultar sus datos, tiempos de carga y ahorro, así como reservar una electrolinera en concreto a la hora que necesite recargar su vehículo. De las 32 estaciones, 9 son de carga rápida (50 kw y 40 minutos de carga), situadas en las dos autovías que cruzan la provincia y 23 media (22 Kw y 2 horas de carga). Todas se han instalado en suelo público. El sistema funcionará en régimen de gratuidad durante un tiempo, que aún no está decidido, con la idea de «concienciar» a los ciudadanos y promover el uso de vehículos eléctricos. Una vez que termine este periodo, se adjudicaría la gestión a una empresa externa. Inicialmente se había anunciado que la gratuidad se prolongaría durante dos años, pero Gallardo aduce que ya existen otras redes de electrolineras funcionando en los entornos urbanos, por lo que se plantean una «discriminación positiva» con el ámbito rural, al que posiblemente no llegue la iniciativa privada porque no es rentable económicamente.