La incomparecencia por enfermedad de uno de los acusados y de un testigo de cargo obligó a suspender el juicio contra el alcalde de Berlanga, Juan Manuel Ortiz, el exalcalde, Vicente Barragán, cuatro exconcejales, del PSOE, y la secretaria-interventora y el tesorero municipal, previsto para ayer en la Audiencia Provincial de Badajoz. A todos ellos se les imputan los delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa, por los que la fiscalía pide penas de entre tres años y medio y 6 años de prisión.
Los hechos se remontan a la legislatura 2011-2015, cuando Vicente Barragán era alcalde y Juan Manuel Ortiz concejal. Según el ministerio público, el tesorero creo un apunte contable falso para la autorización, disposición y ordenación de pago por importe de 826.000 euros para construir «una supuesta» residencia de mayores en el municipio. El escrito del fiscal señala que con ese apunte el ayuntamiento reconoció «mendazmente» la obligación de pagar a una empresa constructora esa cantidad, pese a que no existía ni contrato firmado ni ningún trámite legal ni tampoco se habían iniciado las obras.
Esta infraestructura se iba a financiar con dos subvenciones concedidas por la Diputación de Badajoz (de 436,199 euros cada una), pero, según la fiscalía, Barragán cambió el contrato de obras y «sin justificación alguna» se redujo en casi un 50% el presupuesto inicial. Asimismo, lo acusa de adjudicar la segunda obra a la misma empresa «de modo completamente arbitrario», haciendo coincidir la inversión con la herencia de la una vecina que la diputación había cedido al consistorio para construir la residencia y cuyo cobro estaba pendiente (436.199 euros).
El alcalde y sus concejales aprobaron en pleno la liquidación del presupuesto de 2010, formada y fiscalizada por la secretaria-interventora, «a sabiendas de que contenía un apunto contable falso», que incrementaba las obligaciones de reconocidas de pago por el ayuntamiento en 826.000 euros a un tercero que no había hecho obra alguna ni facturado por ello.
Esta situación provocó un desequilibrio presupuestario de 563.159 euros, lo que llevó a elaborar un plan económico financiero, que se tradujo en el despido de dos trabajadores que acababan de obtener sus plazas por concurso oposición: el director de la radio municipal y de un encargado de obras.
Ambos trabajadores llevaron a los tribunales su despido, que fue declarado improcedente, y a raíz de la investigación, los concejales de IU en Berlanga denunciaron en el juzgado la presunta manipulación de datos contables. Los dos trabajadores también están personados en esta causa, en la que solicitan la nulidad de sus despidos por estar sustentados en supuestos ilícitos.
El fiscal solicita 6 años para el excalcalde, 4 años y 9 meses para el actual alcalde y el resto de concejales socialistas de la legislatura 2011-2015, así como 5 años para la secretaria y 3 años y medio para el tesorero.
El ministerio público planteó ayer a las partes un acuerdo de conformidad y el presidente magistrado de la sala, José Antonio Patrocinio, les dio de plazo hasta el próximo 11 de julio para estudiar «la generosísima oferta» de la fiscalía y decidir si la aceptan o no. En caso de que la rechacen, la nueva fecha de inicio del juicio es el 17 de 2023.
El abogado de IU, Ángel García Calle, se mostró dispuesto a aceptar la conformidad siempre que haya «cualquier sentencia condenatoria que supusiese que los acusados han cometido los delitos que se le están imputando». En este sentido, señaló que no persiguen «pasar a nadie por los pinchos, pero si ha habido responsabilidades administrativas y penales, IU, como grupo político, está interesado en que se depuren, y en este caso vamos a mantener la acusación para todos los procesados», dijo.
Los cuatro abogados de la defensa no quisieron hacer declaraciones, solo uno de ellos mostró su malestar porque Patrocinio hubiera calificado de «generosísima» la propuesta de acuerdo de la fiscalía, pues, en su opinión, con este comentario estaba «presumiendo la culpabilidad de los acusados».
