Juzgan a una empresa cacereña por contratar presuntamente a 85 becarios que realizaban funciones de cualquier trabajador o incluso de personal directivo. Fue la denuncia de uno de los afectados, al que supuestamente se le negó disfrutar de un periodo de vacaciones, lo que propició una inspección de trabajo en la que la Seguridad Social comprobó la práctica que estaba llevando a cabo con personal en formación esta empresa, Sferaone Solutions, filial de Gamma Solutions y que opera desde el parque científico y tecnológico.

En esa inspección la Seguridad Social confirmó que «más de la mitad» de los trabajadores de la entidad tenían contrato de becario pero, en las cláusulas que firmaban, asumían más bien responsabilidad de «alta dirección», porque tenían confidencialidad o derechos de propiedad intelectual, entre otros asuntos. Tampoco se les ofrecía formación, salvo unos cursos que realizaban de forma independiente y que no se tutorizaban. «Nadie les tutorizó ni en la parte teórica ni en la práctica. Además muchos de esos cursos no guardaban relación con el objeto de la empresa (dedicada a la rama tecnológica), porque eran de bolsa, de prevención de riesgos laborales o de Photoshop», aseguró el representante de la Seguridad Social en el juicio. Prueba de que no se les tutorizaba es que «nadie en la empresa conocía los cursos que realizaban», que eran sufragados por la entidad pero, si el becario no los terminaba o los abandonaba, debían abonarlos ellos mismos. Muchos de ellos tenían además que hacerlos en su casa porque «no tenían tiempo» de seguirlos durante su horario.

La Seguridad Social incidió también en algunas de las cláusulas del contrato que firmaban: se les podía despedir si faltaban más de un día a su puesto de trabajo, el derecho a vacaciones estaba supeditado a la disponibilidad de la empresa y tenían el mismo horario que cualquier trabajador. «Lo que se hacía era contratar a un trabajador normal y corriente pero como un becario», incide. De hecho, según la Seguridad Social, en aquella inspección la encargada de Recursos Humanos reconoció que «hacían el mismo trabajo que los demás pero más despacio».

En definitiva, estima que la finalidad de estos contratos no era la formativa, sino el beneficio de la empresa. Esta versión la defienden también los abogados de algunos de los becarios (había cinco en el juicio, aunque otros acudieron sin defensa letrada), que aseguran además que lo que conseguía la empresa con esta práctica era ahorrarse las cotizaciones y los salarios. Si finalmente el Juzgado de lo Social Número 1, que investiga la causa, estima que fue un fraude, la empresa habría adquirido una deuda con la Seguridad Social que asciende a los 400.000 euros.

La empresa lo niega y critica la inspección realizada por Trabajo porque asegura que de los 85 becarios solo se entrevistó con 28 y que en ningún momento se especifica en la denuncia qué trabajos hicieron los becarios para que se les considerara trabajadores reales. «Los becarios han sido becarios. El disfrute de una beca no implica que no haya ningún trabajo real. Está acreditado que el día que llegan no saben nada y el día que se van, saben mucho. A nadie le ha importado si han salido o no formados», apunta el abogado de la entidad que ha sido demandada.

Asegura asimismo que recibían formación relacionada con los estudios universitarios de los que disponían. Reconoce, eso sí, la posibilidad de que con alguno de ellos sí se haya dado el caso de que su labor se haya excedido de lo firmado en el contrato, pero niega que haya sido con los 85.

Ayer también declararon ocho de los que fueron becarios y entre ellos hubo disparidad de opiniones: Los que aún siguen perteneciendo a la empresa, ya con contratos y muchos de directivos, defienden que no hubo fraude. El resto asegura que sus funciones eran las de un trabajador normal. De hecho uno de ellos, que después de su periodo en prácticas fue contratado (ya no trabaja allí) declaró que el trabajo que hacía de becario era el mismo que el que realizaba después como empleado.