El gobierno local acordó en una decisión del pasado 16 de julio ordenar a todos los servicios que tienen competencia en la gestión de la estrategia de desarrollo urbano sostenible que den prioridad a sus expedientes. De lo que se trata es de no perder fondos europeos. De momento ya se ha pedido a Hacienda una prórroga de un año para su ejecución. El plazo inicial era hasta el 31 de diciembre de 2022 y lo que se plantea por el gobierno municipal es llevarlo hasta el mismo día de 2023. El problema es el bajo porcentaje de gasto certificado, es solo de un 17,6% y en poco más de año y medio tiene que estar todo si no se acepta la prórroga por parte del ministerio. Con esta estrategia se ha afrontado, entre otras actuaciones, la ampliación del parque del Príncipe o la polémica escalera de Alzapiernas, y se están ejecutando otras como la renovación de Viena.

En 2015 el ayuntamiento presentó a Hacienda un plan para recibir 15 millones del programa operativo Feder de desarrollo sostenible. Un año después se confirmó que recibiría 10 millones, a los que se sumarían otros 2,5 millones que debía aportar el ayuntamiento (25% de cofinanciación). La duración de la estrategia, tanto para cumplir el programa como para la certificación de las obras, es de 2017 a 2022. 

El ayuntamiento no llega. El porcentaje de gasto, las operaciones aprobadas, sí es bastante elevado (89,4%), pero el de las certificaciones, la facturación del gasto, no llega al 20%. Para evitar en un futuro «posibles devoluciones y descertificaciones», según se indica en el informe que la sección de Fondos Europeos del ayuntamiento presentó en la junta de gobierno del día 16, se pide la ampliación del plazo de gasto y se priorizan los expedientes de esta estrategia.

En el informe se precisa como la causa de los retrasos la pandemia de covid, que «ha causado innumerables retrasos en la gestión y la ejecución de las operaciones», especialmente en aquellas unidades o servicios del ayuntamiento con competencias en asuntos sociales, como el instituto municipal de este área, «que han tenido que dedicarse a paliar los efectos a corto plazo que se producían en la población con un mayor riesgo de exclusión social en detrimento de la ejecución de los fondos europeos», según se detalla en el citado informe.

EVITAR DEVOLUCIONES / Lo mismo se ha producido en otros servicios transversales, como la secretaría general o la intervención, que han tenido que atender otros requerimientos causados por la pandemia, o en la propia sección de Desarrollo Local, que ha tenido que «dedicarse a dar una respuesta rápida a expedientes de ayuda directa» a empresas afectadas por la crisis y a labores de asesoría y de ayuda técnica, según el informe del servicio.

Para autorizar la prórroga el ministerio le ha pedido al ayuntamiento que informe de las medidas a adoptar, motivo por el que la junta local de gobierno aprobó en su reunión del 16 de julio la urgencia y priorización de todas las actuaciones, trámites y gestiones necesarios para la ejecución de la estrategia para evitar posibles devoluciones de fondos europeos.

Hacienda adeuda 378.000 euros

La liquidación de la participación del ayuntamiento en los fondos del Estado en el ejercicio de 2019 sale favorable a Cáceres en 378.670 euros, según los datos que ha publicado esta semana el ministerio. Esta participación es la segunda fuente de ingresos que tiene la corporación municipal, solo superada por la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Más de la cuarta parte de los recursos municipales dependen de esta participación en los impuestos y fondos estatales.

El Ministerio de Hacienda da esta aportación por dos vías. La primera es una cesión con cargo a un porcentaje de lo que se recauda en el municipio de los impuestos estatales, principalmente del IRPF y del IVA. La segunda, que es de mayor importe, es un fondo complementario de financiación. El ministerio realiza entregas a cuenta al ayuntamiento todos los meses y posteriormente se efectúa la liquidación (generalmente se hace pública dos años después de finalizado el ejercicio). La correspondiente a 2019 se conoce ahora y es favorable al Ayuntamiento de Cáceres en 378.670 euros, una cantidad que es parecida a la de la liquidación de 2018, que también fue favorable a la entidad local en 445.368 euros.

La desviación se ha producido en el fondo complementario, se dio de menos por parte del ministerio en las entregas a cuenta realizadas en el año 2019, en total se aportaron 382.107 euros menos, mientras que en las entregas por la cesión de impuestos casi se acierta, solo se dieron 3.436 euros de más. 

En los últimos ejercicios las liquidaciones han resultado favorables al ayuntamiento, aunque ha habido excepciones, como en el año 2013, cuando se tuvo que reintegrar al Ministerio de Hacienda casi 800.000 euros, o en la liquidación de 2009, cuando tocó devolver al ministerio 4,7 millones de euros (la devolución se hace en diez anualidades).

Un dato que reduce la participación del ayuntamiento en los fondos del Estado es que Cáceres es uno de los pocos grandes municipios que no recibe del ministerio una compensación por la pérdida de ingresos del IAE.