En la provincia cacereña existen 60.500 armas. Esta cifra arroja una ratio de 15,3 por cada cien habitantes, ligeramente superior a la media europea (15 por cada cien), debido a que el interior de la Península Ibérica alberga grandes espacios de caza. Y es que la cinegética supone el principal uso de quienes solicitan una licencia en la geografía cacereña, aunque también destaca el tiro deportivo, y por supuesto, el ejercicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La venta y posesión están completamente reguladas por la Guardia Civil.

 A día de hoy existe un arma por cada seis cacereños, lo que también da lugar a que muchas queden fuera de uso debido al fallecimiento del titular y a otras circunstancias. Hasta ahora, esas unidades, siempre que estuvieran en buen estado, salían a subasta pública en la propia Comandancia de Cáceres, que suele realizar una convocatoria anual, «si bien es cierto que ha habido ejercicios en los que no se ha llevado a cabo por el escaso número de armas disponibles en ese momento, tal y como ocurrió en los años 2009 y 2014, o por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia en los años 2019 y 2020», explica el subteniente Juan María Prado, de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cáceres.

Pues bien. Dichas subastas llegarán hoy a su fin. Esta misma mañana se celebrará la última en la Comandancia cacereña «con un total de 474 unidades de diversas clases, entre ellas un elevado número de escopetas (376), pero también 30 carabinas, 12 rifles, 31 pistolas, 19 revólveres, 4 de aire comprimido, 1 ballesta y 1 arma de inyección anestésica», detalla el agente Julián Perianes, de la Intervención de Armas y Explosivos. Es la última oportunidad para los aficionados y el público en general que venía acudiendo tradicionalmente a estas citas con la esperanza de encontrar algún ejemplar que les pudiera interesar. Basta decir que en el periodo comprendido entre 2006 y 2022 se han subastado en la Comandancia de Cáceres unas 3.700 armas, sobre las que se han realizado más de 4.000 ofertas de compra, adjudicándose finalmente 1.000 (las más solicitadas).

¿Pero por qué se suprimen las subastas? Por el cambio normativo que ha supuesto la publicación del Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, que modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 1377/1993, de 29 de enero. Este ajuste «traspone e incorpora al ordenamiento interno diversa normativa europea, todo ello para combatir el uso indebido de armas con fines delictivos, de modo que desaparecen las subastas tal y como se han venido realizando hasta la fecha», precisa el subteniente Juan María Prado. No obstante, este procedimiento sí se mantendrá para aquellas unidades reglamentadas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil «que tengan un valor acreditado como patrimonio histórico, de conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de junio», matiza el subteniente. Es decir, solo para ejemplares especiales, de colección, que se enajenarán en pública subasta una vez cumplidos los plazos pertinentes.

¿Y qué ocurrirá con el resto de armas? Serán destruidas, del mismo modo que se ha venido haciendo «con los lotes que quedaban desiertos en las subastas, con las unidades en mal estado, con las que tenían este final por expreso deseo de sus propietarios, o en cumplimiento del destino legal reglamentario o legalmente establecido», detalla el agente Juan María Prado. En estos casos, la Guardia Civil las custodia hasta su destrucción en fundiciones de acero (también en Extremadura), mediante un proceso absolutamente controlado por los agentes de principio a fin (las armas se transportan conforme al procedimiento establecido en una fecha previamente fijada).

32.400 LICENCIAS EN VIGOR, ESPECIALMENTE PARA CAZA

Reglamentariamente existen diversas clases de licencias y autorizaciones. Según los datos actualizados por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, a día de hoy existen un total de 32.400 licencias de armas de fuego en vigor concedidas a ciudadanos residentes en la provincia, que amparan la tenencia y uso de 60.500 armas de diferente tipo (la media se sitúa por tanto en dos unidades por licencia).

         Las más habituales son las concedidas a particulares para la práctica de la caza, caso de las licencias D y E. También destaca la licencia F para armas de tiro deportivo, y ya en menor número existen otras como son la licencia B para armas de fuego cortas, autorización de coleccionista, especial de armas de avancarga (las históricas que se cargaban por delante) y lógicamente las concedidas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. También se encuentra la licencia C para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia, que desempeñan, entre otras, las empresas de seguridad privada.

         La Comandancia de Cáceres figura entre las más ágiles a la hora de resolver estos trámites, ya que los formaliza en una media de quince días. 


Entre 2006 y 2022, la Comandancia de Cáceres ha destruido por este método cerca de 10.000 armas. En adelante serán muchas más al desaparecer las subastas ordinarias, unas subastas en las que los agentes siempre se han encargado de reunir, organizar y exponer todas las unidades depositadas en las distintas Intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia (ubicadas en Cáceres, Trujillo, Guadalupe, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Coria y Valencia de Alcántara). Además, estos agentes han atendido al público en los días previos a las subastas para resolver dudas y ayudarles a formalizar las propuestas de compra en los impresos oficiales.

«Su organización ha supuesto un gran esfuerzo, siempre con el objetivo del cumplimiento normativo y de ofrecer una correcta atención al ciudadano», subraya el subteniente.

Por ello, la subasta de hoy tiene sabor a despedida. Se realizará mediante la modalidad de pliegos cerrados, que se abrirán a las diez de la mañana y cada lote se adjudicará a la oferta de mayor cuantía. El resto acabará achatarrada para los hornos. Finaliza así una larga tradición que los agentes se han encargado de regular con la máxima diligencia hasta el último día.

EL MAL USO DEPARA SANCIONES DE 173.000 EUROS EN LA PROVINCIA CACEREÑA

Las armas no son un objeto cualquiera, tampoco una afición más. El riesgo que entrañan obliga a someterlas a continuos controles y a una legislación que pretende garantizar su seguridad de uso para sus propietarios y para el entorno en el que se emplean. Desde hace siete años, su conservación y utilización vienen reguladas a través de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’. Esta norma supuso la revisión más profunda de la justicia penal española desde la reforma del Código Penal de 1995. Abarca tres ámbitos: estupefacientes, faltas contra la autoridad, y armas y explosivos.

Lo que hace la ‘Ley Mordaza’ es considerar como ‘infracciones administrativas’ ciertos comportamientos que antes tenían un procedimiento penal ante un juzgado (aunque sí pueden recurrirse en los tribunales). No se trata por tanto de infracciones especialmente graves (en cuyo caso seguirían tomando la vía penal), sino de hechos menos trascendentes castigados en el ámbito administrativo. Pues bien. Respecto a las armas, la provincia cacereña ha registrado 261 sanciones a lo largo del último año computado al completo (2020), que han supuesto una cuantía de 173.396 euros a los infractores (una media de 664 euros por multa).


Actitudes temerarias

La mayoría de las denuncias contabilizadas en la provincia han sido interpuestas por vulnerar el artículo 36.10 de la citada ley orgánica, que no permite portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando se tuviera licencia. Por estas causas se han interpuesto 189 sanciones (128.267 euros). Si dichas conductas constituyeran infracción penal, pasaría directamente ante un juez.

También se han tramitado 64 multas (44.029 euros) por el incumplimiento del artículo 36.12, que prohíbe «la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados», así como la omisión o insuficiencia de las medidas de seguridad que son obligatorias.

Por otra parte, se han contabilizado 7 denuncias en la provincia (suman 900 euros) relativas a la vulneración del artículo 37.08, que castiga la omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de estos efectos.

El listado de infracciones se completa con una más, referente al artículo 37.02, que penaliza «la exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas, con ánimo intimidatorio».

No obstante, el número de sanciones de la ‘Ley Mordaza’ relativo a las armas y explosivos ha descendido notablemente hasta alcanzar en 2020 su cifra más baja en la provincia cacereña. En 2016 se registraron 175.604 infracciones, que se elevaron a 177.308 en 2017, y subieron de nuevo a 216.092 al año siguiente. Desde ahí iniciaron una progresiva reducción con 186.716 en 2019, y finalmente 173.396 en 2020.


Un control en vanguardia

Además de las sanciones, la normativa española relativa a las armas y explosivos es muy amplia, según explica el subteniente Juan María Prado, de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cáceres, «ya que regula los requisitos y condiciones de la fabricación y reparaciones de armas, sus imitaciones y réplicas, y de sus piezas fundamentales, así como todo lo concerniente a su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación, su tenencia y utilización, determinando las medidas de control necesarias para el cumplimiento de tales requisitos y condiciones». Todo ello con objeto de salvaguardar la seguridad pública. De hecho, España se sitúa «a la vanguardia del control de armas», destaca el subteniente.

Las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil se encargan de todos estos controles y llevan a cabo inspecciones a establecimientos, informes, revistas de armas, etc..., que de igual forma se aplican a otras materias reglamentadas como son los explosivos, la pirotecnia y la cartuchería, tal y como establecen sus respectivos reglamentos. No obstante, desde la Comandancia de Cáceres recuerdan que los propietarios de armas, como tónica general, tienen bastante precaución y son cuidadosos con ellas. «Las sanciones están precisamente para los casos excepcionales, y pueden llegar incluso, en caso de que incurran en delito, a la revocación de la licencia», recuerdan .


¿Y los menores?

Caso aparte son las licencias para el uso de armas entre los menores de edad. Sí se permiten destinadas a la actividad cinegética, pero con una regulación especial, recogida en la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.

Así, el artículo 49 establece que los menores de edad, siempre que sean mayores de 14 años, en el caso de que pretendan cazar utilizando armas de fuego o arcos, deberán ir acompañados de un cazador adulto que controle su acción y además estar en posesión de la correspondiente autorización especial para ello, que deberá portar en ese momento.

El artículo 50 también recoge que estos menores podrán obtener la licencia de caza a partir de los 14 años si presentan autorización escrita de la persona que les represente legalmente.